Tendrás derecho a exigir un presupuesto por escrito a tu abogado: el Gobierno lanza la Ley del Derecho de Defensa

La ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Javier de Amescua El Gobierno ha presentado el Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que comprende la prestación de asistencia letrada o asesoramiento en derecho y la defensa de los intereses legítimos de la persona a través de los procedimientos previstos legalmente. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que todo el mundo debe poder acceder al sistema de justicia con las máximas garantías y que el derecho de defensa no puede depender del bolsillo, de la situación social ni del lugar donde se viva: "Todos podemos vernos envueltos en un proceso judicial a lo largo de nuestra vida y todos tenemos que tener la garantía de que tendremos los mismos derechos para enfrentarnos a ese procedimiento". El Gobierno, ha asegurado Llop, está comprometido con la transformación del sistema de justicia hacia un modelo más eficiente, sostenible e igualitario "que debe pivotar sobre el desarrollo, la igualdad y la cohesión social, territorial, económica y digital". Llop ha destacado que la nueva norma tendrá también carácter pionero en Europa, incluido el Reino Unido. El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española que, no obstante, todavía no se había plasmado en una ley orgánica. "Actualmente cuenta con una regulación fragmentada y que, desde luego, no es todo lo completa que debería ser por la trascendencia que tiene este derecho en el sistema de la calidad democrática", ha señalado Llop. El texto refuerza las garantías de los ciudadanos y ciudadanas para que, cuando estén involucrados en algún procedimiento judicial o sistema alternativo de resolución de controversias, lo hagan con mayor confianza en el sistema de justicia y en la institución de la abogacía. Como novedad, por primera vez con rango de ley, toda persona podrá solicitar que la contratación de los servicios jurídicos de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo profesional o medio equivalente. Respecto a los profesionales de la abogacía, un importante colectivo -250.000 hombres y mujeres, 150.000 de ellos ejercientes en los juzgados y tribunales-, la ley recoge las garantías, deberes, conductas y principios que hasta ahora solo figuraban en los estatutos del colectivo profesional. La asistencia jurídica se prestará por profesionales titulados colegiados, garantizándose su actuación siempre libre e independiente, así como la confidencialidad de las comunicaciones y secreto profesional. Se prevé también la existencia de los Servicios de Orientación Jurídica Colegiales para que cualquier persona pueda ser asesorada con independencia de sus recursos económicos, pero especialmente si pertenece a un colectivo vulnerable.