El Gobierno lanza 73 medidas para frenar la factura de la luz y el gas: del bono social a las calderas comunitarias

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa El Plan +SE incluye 73 medidas de seguridad energética agrupadas en torno a seis grandes objetivos: ahorro y eficiencia; transformación del sistema energético; ampliación de la protección a los ciudadanos, especialmente los vulnerables; medidas fiscales; transformación de la industria gracias a las energías renovables o el hidrógeno, y solidaridad con el resto de los países europeos. Para garantizar y mejorar la protección de la población se ampliará la cobertura del bono social eléctrico y el bono social térmico, aumentando el volumen de población protegida. También se reducirá la factura de 1,6 millones de hogares con calderas comunitarias con vistas al próximo invierno y las familias tendrán apoyo fiscal para implantar sistemas de climatización renovable, se fomentarán los repartidores de costes en calefacciones centralizadas y se instalarán contadores inteligentes de gas natural. En el ámbito del ahorro y la eficiencia, se realizarán campañas de concienciación, se extenderá al resto de administraciones el Plan de ahorro de la Administración central, y habrá un programa de sustitución del alumbrado público. Las pymes contarán con apoyo del ICO para implantar renovables y medidas de ahorro. Otras medidas incluyen el impulso a los tejados solares, las comunidades energéticas y el autoconsumo, y la agilización de la tramitación de los proyectos renovables. Asimismo, se aumentará el apoyo a la industria y al refuerzo de las capacidades de la transición energética, con un incremento de 1.000 millones a la dotación del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento, y se lanzará un nuevo PERTE de Descarbonización de la Industria. La vicepresidenta ha afirmado que el plan aprobado hoy es un escalón más en el trabajo que España lleva meses realizando, con carácter estructural para reducir la dependencia de las materias energéticas más volátiles y transformar el sistema energético, y, desde el punto de vista coyuntural, para proteger a los consumidores. Ribera ha defendido que las decisiones adoptadas en fiscalidad y costes fijos del sistema y el impacto del mecanismo ibérico han permitido controlar el precio de la electricidad: "En agosto de 2022, si no hubiéramos venido adoptando medidas desde septiembre de 2021, el precio hubiera sido un 33% más alto de lo que hemos pagado en promedio el conjunto de los consumidores domésticos". De hecho, ha subrayado, en el caso de los consumidores vulnerables y vulnerables extremos, se ha mantenido el mismo precio en sus facturas que el que pagaban con anterioridad a la invasión y a la situación derivada de la crisis de Ucrania. El ahorro acumulado, ha continuado la vicepresidenta, ha sido de 2.837 millones de euros, e incluso con la introducción del ajuste para pagar el precio del gas, en España el precio de la electricidad ha estado muy por debajo del precio del mercado mayorista en Italia, Francia y Alemania. La vicepresidenta tercera y ministra, Teresa Ribera, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a la portavoz Isabel Rodríguez y el ministro Luis Planas. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa En el Plan +SE se ha incluido un análisis de la coyuntura energética en España y en la UE. A diferencia de otros países europeos, España no depende de las importaciones energéticas rusas y tiene garantizado el suministro y, de hecho, está exportando electricidad y gas natural, principalmente a Portugal y Francia. "Si descontamos las exportaciones de electricidad necesarias para garantizar el suministro de nuestros vecinos, se ha producido una reducción de la demanda de gas en nuestro país para producir electricidad muy significativa", ha explicado Ribera, que ha recordado que la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre energía del pasado julio fijó una reducción para España en un 6,4% frente al 15% para el resto de países. Las medidas que adopten todos los estados miembros, ha recordado la vicepresidenta, son de carácter voluntario, pero pasarán a ser obligatorias si varios de ellos activan el estado de alerta o la Comisión Europea considera que hay un riesgo real y serio de desabastecimiento. Precisamente mañana tendrá lugar en Praga la reunión informal del Consejo de Ministros de Energía, al que asistirá Ribera y en el que, ha explicado, seguirán trabajando en las propuestas marcadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: desacoplar el precio del gas del precio de la electricidad, cambiar los indicadores que utilizan todos los operadores como referencia del precio del gas, acelerar la transformación del sistema energético y realizar una reforma estructural del mercado eléctrico. "Probablemente estamos ante el momento de intensidad mayor en términos de política energética de la Unión Europea en muchísimos años", ha afirmado Ribera, para quien "la capacidad de responder unidos es crítica y la oportunidad de consolidar un proyecto europeo en materia de energía es una gran oportunidad, evidentemente por motivos no deseables en ningún caso, pero que no debemos perder".