Descuentos en la luz para rentas de hasta 28.000 € y rebaja del gas en calderas comunitarias

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que, desde el primer momento, el Ejecutivo no solo ha priorizado la transformación del sistema energético, sino que ha abordado ese proceso protegiendo a toda la población y al tejido productivo y anticipándose a la respuesta europea. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa Ribera ha señalado que este decreto-ley es el décimo sobre esta materia desde junio del año 2021 y que toda esa labor ha logrado impulsar las energías renovables y el autoconsumo, contribuir a la reducción del consumo eléctrico y rebajar en torno al 33% la factura eléctrica (respecto a lo que se pagaría sin esas medidas). "Pero esto no basta, es obvio que tenemos que aliviar el coste de la energía para todos los consumidores, pero debemos centrar nuestra atención en los más vulnerables y debemos pensar no solamente en cómo ampliar la cobertura de los más vulnerables, sino cómo incrementar la protección a clases medias", ha argumentado. Las medidas impulsadas hoy -con las que ya son 29 las activadas del total de 73 que recoge el Plan Más Seguridad Energética- se agrupan en tres bloques: la protección de los consumidores, la transición energética y el impulso del ahorro y la eficiencia energética, en la línea de "contribuir a este esfuerzo colectivo de una manera justa, inclusiva y equilibrada". Para aumentar la protección de los consumidores, el texto crea una nueva tarifa de la que se podrán beneficiar quienes tengan un sistema de calefacción basado en una caldera propiedad de la comunidad de propietarios; prorroga las ventajas de las tarifas de último recurso de gas para los pequeños consumidores, ya sean pymes o familias; amplía el bono social térmico; refuerza el bono social eléctrico; flexibiliza los contratos industriales y da más transparencia a las facturas. La vicepresidenta tercera ha detallado que la tarifa especial para las calderas comunitarias estará en vigor, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2023 y beneficiará aproximadamente a 1,7 millones de familias. Estas deberán tener instalados sistemas de contadores individualizados antes del final de septiembre de 2023 y revisar las calderas para asegurar que funcionan de la manera más eficiente posible. Si las comunidades de propietarios se mantienen en torno a los consumos promedio de los últimos años, la suma de la reducción fiscal de los costes fijos y la nueva tarifa especial supondrá en torno a un 50% de ahorro. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, comparecen ante los medios de comunicación. | Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa En cuanto a la factura eléctrica, una nueva tarifa, también de carácter temporal, beneficiará a las clases medias y trabajadoras. En concreto, las familias que cuenten con hasta 28.000 euros de ingresos y un número de personas conviviendo en el mismo hogar podrán disfrutar de un descuento especial de hasta el 40% de la electricidad que consumen, según ha explicado Teresa Ribera. Además, se incrementa la cobertura del bono social eléctrico hasta el 65 y el 80% de descuento para vulnerables y vulnerables severos, respectivamente, y se elevan igualmente las ayudas para el bono social térmico. Para acelerar la transición energética, el Decreto-ley incluye disposiciones adicionales sobre autoconsumo y gases renovables, con una regulación más flexible en el acceso a redes eléctricas y una simplificación administrativa. En el ámbito del ahorro y la eficiencia, Ribera ha mencionado las deducciones fiscales ampliadas para las inversiones en el contexto de la rehabilitación de viviendas; la libertad de amortización para las empresas que inviertan en bienes de equipo que permitan reducir la factura energética; el aumento de los requisitos de eficiencia para los proyectos de alumbrado público que se inicien el próximo 1 de enero, y la apuesta por los contadores inteligentes de gas natural en los hogares, con una partida presupuestaria destinada a ese efecto.