Control a los lobbies: el Gobierno obligará a registrar las reuniones con políticos, pero deja fuera a sindicatos y patronal

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado que esta nueva norma es fruto del "compromiso del gobierno con la mejora de la calidad democrática de nuestro país" y permitirá dar un gran paso adelante en materia de transparencia y buen gobierno y que España se equipare con las democracias más avanzadas de los países de su entorno. El anteproyecto recoge que se considerará actividad de influencia aquella que un grupo u organización desarrolle para tratar de influir de manera legítima en los responsables públicos en la elaboración de un proyecto normativo. "Por tanto, todos los grupos que se organizan con carácter privado para beneficio de sus intereses o los de terceros están incorporados al objeto de esta norma", ha explicado Montero. No se considerarán lobbies las Administraciones públicas, los organismos públicos y las organizaciones internacionales públicas o las autoridades públicas extranjeras, ni los partidos políticos, las organizaciones empresariales, los sindicatos o cualesquiera otras entidades -como los colegios profesionales- en el ejercicio de sus funciones constitucionales. El Portal de Transparencia y el sitio web de la Oficina de Conflictos de Intereses albergarán un Registro de Grupos de Interés, que mostrará con detalle su actividad, especialmente qué reuniones mantienen con los altos cargos o los funcionarios que participan en el proceso de elaboración o diseño de las normas. Estas actividades también quedarán reflejadas, ha destacado la ministra, en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo de cada norma "para constituir una huella que permita comprobar quiénes, en qué momento y sobre qué materia han participado a la hora de diseñarla o elaborarla". La inscripción en el Registro es obligatoria y debe identificar los ámbitos de interés de los lobbies, su finalidad, objeto social y la información financiera relativa al último ejercicio contable, indicando de forma expresa la parte imputable a la actividad de influencia. Los grupos registrados deberán cumplir, además, un código de conducta, y se establece un régimen sancionador en caso de infracción. Aquellos grupos que no estén inscritos en este registro no podrán contactar con el personal público para ejercer actividades de influencia. Finalmente, y para combatir, en palabras de la ministra, "las puertas giratorias", la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE será modificada para incluir que un alto cargo público no pueda realizar actividades profesionales de influencia en materias relacionadas con sus competencias a lo largo de los dos años siguientes al cese en ese cargo.