El Gobierno coloca a un exministro y a una ex alto cargo en el Tribunal Constitucional sin esperar al CGPJ

Moncloa designa a Juan Carlos Campo y Laura Díez como nuevos magistrados para forzar el relevo en el máximo tribunal de garantías.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Consejo de Ministros ha decidido nombrar directamente a dos nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la jurista Laura Díez (ex alto cargo en Moncloa). El Ejecutivo cubre así las dos plazas que le corresponden por ley sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resuelva su propio bloqueo y elija a los suyos.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio (en este caso, un relevo institucional de altos cargos).

¿Quién sale ganando con esto?

Sale ganando el propio Gobierno, que se asegura el cambio hacia una mayoría progresista en el tribunal encargado de validar o tumbar sus leyes estrella (como la de eutanasia, el aborto o la reforma laboral). Pierde la percepción de independencia judicial ante los ciudadanos, al pasar directamente un ministro del Gobierno al tribunal que debe controlar los actos del propio Ejecutivo.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

El choque legal e institucional es evidente: la Constitución establece que el tribunal se renueva por tercios completos (cuatro magistrados juntos: dos propuestos por el Gobierno y dos por el CGPJ). Al mandar solo sus dos nombres sin el acuerdo del órgano judicial, se genera un precedente inédito que obligará al propio tribunal a decidir si valida su toma de posesión por separado o si frena el relevo hasta que estén los cuatro jueces.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

La designación ya está aprobada por el Gobierno. El siguiente paso no depende del ciudadano: el Pleno del Tribunal Constitucional debe examinar la idoneidad técnica de ambos candidatos para dar el visto bueno definitivo antes de que juren su cargo ante el Rey.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Designados dos candidatos para el Tribunal Constitucional

Redacción burocrática original:

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa El Gobierno ha acordado proponer como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional a Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159.1 de la Constitución. Juan Carlos Campo Moreno es doctor en Derecho, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y, actualmente, magistrado de la Audiencia Nacional. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y, entre enero de 2020 y julio de 2021, ministro de Justicia. Laura Díez Bueso es doctora en Derecho y catedrática de Derecho Constitucional y, en este momento, vicepresidenta del Consell de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Catalunya. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha considerado que ambos cumplen con los requisitos formales de idoneidad para ser nombrados magistrados del Tribunal Constitucional -ser españoles y juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo - y ha destacado, además, su amplio conocimiento del Derecho y la administración y su compromiso y vocación de servicio público. Campo y Díez sustituirán a los dos magistrados designados por el gobierno en 2013, Pedro José González-Trevijano Sánchez, que ahora preside el Tribunal Constitucional, y Antonio Narváez Rodríguez, que en 2014 ocupó el puesto de Enrique López y López tras presentar este su renuncia. Félix Bolaños ha afirmado que, con esta propuesta de renovación del Tribunal Constitucional, el Gobierno cumple con la Constitución y las leyes: "El Gobierno tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión, ya que la situación de bloqueo que se está produciendo en otro órgano constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es un incumplimiento que no puede conllevar que también el Gobierno deba incumplir sus obligaciones constitucionales". Bolaños hacía referencia así al hecho de que el CGPJ no haya propuesto todavía a los dos magistrados cuya designación les corresponde según la Constitución. El pasado mes de julio, mediante una modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, se facultó al CGPJ para que pudiera realizar esta propuesta a pesar de estar en funciones y se estableció un plazo, que ya ha vencido. El ministro ha señalado expresamente que el incumplimiento de la Constitución y la ley "es atribuible a los ocho vocales conservadores del CGPJ y no al órgano en su totalidad", al que ha invitado a nombrar a los dos magistrados que les corresponden para que el Tribunal Constitucional pueda renovarse en su totalidad y "se recupere la normalidad constitucional en nuestro sistema democrático".