Un plan de 1.400 millones contra la sequía: desaladoras, alivio a regantes y obras urgentes

Del total de las inversiones acordadas hoy, 1.400 millones de euros corresponden al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La vicepresidenta tercera y titular de ese Ministerio, Teresa Ribera, ha subrayado que "España es un país acostumbrado a afrontar períodos de sequía, pero como consecuencia del cambio climático asistimos a una incidencia mucho mayor", lo que exige tanto medidas estructurales como otras de "auxilio inmediato". Ribera ha defendido que "no basta con ofertar más agua, necesitamos gestionar la demanda, impulsar la eficiencia del uso del recurso y trabajar en los aspectos de calidad", en primer lugar, para el abastecimiento urbano, "un derecho fundamental de todos los españoles", pero también para atender a los sectores que dependen más de su disponibilidad. La reducción de las lluvias durante los últimos años y, en particular, en el primer trimestre de 2023 ha llevado a una situación "delicada" en las cuencas del Guadalquivir, las cuencas andaluzas y las cuencas interiores de Cataluña, y es necesaria una "vigilancia especial" en las del Guadiana, el Júcar y el Segura, según ha explicado la vicepresidenta. En primer lugar, las iniciativas acordadas hoy completan el marco regulatorio para seguir incrementando la reutilización de aguas, en línea con la normativa europea. Si en la actualidad el 10% de las aguas urbanas son reutilizadas, el objetivo es que ese porcentaje se duplique en el año 2027. En segundo lugar, para apoyar a los regantes que están viendo reducidas sus dotaciones de agua, se les exime del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. La exención será del 50% si la dotación desciende entre el 40 y el 60%, y del 100% si la reducción de la dotación es mayor. Por otra parte, el Consejo de Ministros ha destinado 35,5 millones de euros a actuaciones de ejecución inmediata en las cuencas afectadas por la sequía para garantizar el suministro, como bombeos de emergencia o conexiones para el abastecimiento. Además, el Estado asume obras de interés general que, en principio, corresponden a administraciones autonómicas. La vicepresidenta tercera ha señalado que son "obras de ejecución prioritaria" para construir desaladoras en Málaga y el Levante almeriense (200 millones de euros) y en Cataluña (220 millones) y para intensificar la reutilización del agua en la provincia de Alicante (224 millones). Es el caso también -ha apuntado Ribera- de algunas intervenciones en la zona de Doñana: con el objetivo de contribuir a la rápida sustitución de bombeos de agua subterránea que abastecen a Matalascañas, el Estado central facilitará las obras de conexión entre el Tinto y el Piedras y ese enclave, y también autorizará una concesión de agua de tres hectómetros cúbicos de agua al año. La vicepresidenta tercera ha indicado que el Gobierno va a anticipar igualmente obras muy significativas que aparecían recogidas en los planes hidrológicas del Segura, el Júcar y el Tajo. La gestión directa se encarga a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), que contará con un convenio especial para activar la inversión en parques fotovoltaicos y determinar un precio de venta máximo a los usuarios de agua desalada.