70 millones para blindar los ayuntamientos contra ciberataques y un nuevo registro para cazar a los verdaderos dueños de empresas
El Gobierno reparte fondos para proteger los sistemas informáticos municipales y aprueba una base de datos centralizada contra el blanqueo de capitales.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
Dos medidas en un solo paquete: por un lado, una partida de dinero para que los ayuntamientos refuercen sus defensas informáticas frente a hackeos y robos de datos ciudadanos. Por otro lado, crean el Registro Central de Titularidades Reales, un registro oficial único para saber con nombres y apellidos quién está realmente detrás de cada empresa o sociedad y evitar el blanqueo de dinero sucio.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
70 millones de euros. Salimos a unos 1,46 € por español para la parte informática de los ayuntamientos. La creación del registro mercantil y la candidatura europea son trámites normativos y administrativos sin coste extra desglosado.
¿Quién sale ganando con esto?
Los consistorios y las empresas de ciberseguridad que opten a estos contratos públicos para actualizar cortafuegos y sistemas. También los inspectores de Hacienda, policías y jueces, que tendrán mucho más fácil rastrear a testaferros y tramas societarias opacas.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
El reparto a los ayuntamientos suele exigir papeleo burocrático y justificación de proyectos: si un municipio pequeño no tiene personal técnico para tramitar la subvención y licitar a tiempo, corre el riesgo de quedarse sin su parte. Respecto a la candidatura de Madrid para albergar la sede europea antiblanqueo, es solo una aspiración política que compite contra otras capitales de la Unión Europea y no garantiza su adjudicación.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
El registro antiblanqueo entra en vigor con la publicación de su reglamento en el BOE. En cuanto a las ayudas informáticas, los ayuntamientos tendrán que esperar a las convocatorias específicas de transferencias para presentar sus proyectos de ciberseguridad.
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