Titular oficial:
Futura Ley de Movilidad Sostenible
Redacción burocrática original:
El Consejo de Ministros ha acordado remitir el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible a las Cortes para su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia para cumplir así con los plazos acordados con la Comisión Europea en la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recordado que el texto ya se remitió al Parlamento en diciembre de 2022, pero no culminó su tramitación como consecuencia de la convocatoria electoral. Puente ha defendido la importancia de reactivar ahora la iniciativa legislativa porque es "tremendamente necesaria" para España y está vinculada a la recepción de los fondos de recuperación.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su intervención. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El texto está abierto a las enmiendas que puedan presentar los grupos parlamentarios, y el ministro confía en que pueda suscitar "un alto grado de consenso", tal como se atisbaba cuando se remitió en la ocasión anterior: "Vamos a seguir transitando por esa senda del diálogo y de la incorporación de propuestas para que, finalmente, cuente con el mayor respaldo posible".
Óscar Puente ha destacado que la ley tiene una razón económica porque la movilidad supone el 13% del gasto de los hogares en España, crea más de 800.000 empleos, conlleva casi el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) y genera más de 5.000 millones de viajes en transporte colectivo. Además, desde la perspectiva social, es un derecho que trasciende el lugar donde vive cada ciudadano. La norma también es necesaria para abordar lo que supone la movilidad en términos de contaminación.
"En nuestro país, el 27% de la emisión de gases de efecto invernadero tiene que ver con la movilidad. Estamos 5 puntos por encima de la media europea y ese hueco había que cerrarlo introduciendo medidas que nos permitan converger con esa media europea", ha remarcado el ministro.
El nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en nuestro país se sustenta en cuatro pilares, según ha expuesto el ministro.
Es un derecho social porque, por primera vez, la futura ley reconocerá la movilidad como un derecho ciudadano, que no se confundirá con la libre circulación, sino con el derecho a contar con un ecosistema de transporte que garantice el ejercicio de otros derechos, como el trabajo, el ocio o la salud. Además, Puente ha señalado que "una premisa fundamental de esta ley es respetar el ámbito competencial de cada una de las administraciones y apostar por la colaboración entre ellas".
El segundo objetivo es la descarbonización. Sobre este pilar de carácter medioambiental y sostenible, el ministro ha indicado que "tenemos que avanzar en la transformación de ciudades de los coches a ciudades de las personas" y, respetando las competencias de los ayuntamientos, incentivar un modelo sostenible de movilidad.
En el ámbito de las mercancías, Óscar Puente ha expresado su apuesta por "subir más mercancías al tren y bajarlas de la carretera".
En cuanto al objetivo de eficiencia de gasto, el ministro ha resaltado que el texto recoge las recomendaciones de varios organismos para garantizar la rentabilidad socioambiental de las actuaciones, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las decisiones. "Queremos reducir las ineficiencias en el gasto en las inversiones públicas en torno a 8.000 millones de euros en una década. Y también incrementar la productividad de las empresas hasta un 3% en ese mismo periodo", ha avanzado.
En este contexto, Puente también ha anticipado que en la integración de los ferrocarriles a su paso por los tramos urbanos, los denominados soterramientos, se introducen criterios objetivos y porcentajes de financiación de las distintas administraciones.
Respecto al pilar de la digitalización y el apoyo a la innovación, el ministro ha subrayado que hay que crear un espacio de datos compartido entre empresas de transportes, gestores de infraestructuras y administraciones. También se creará un entorno de pruebas de movilidad para probar soluciones innovadoras de movilidad.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparecen ante los medios. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
El titular de Transportes y Movilidad Sostenible ha reiterado que la ley pretende que España siga siendo un referente en infraestructuras y que "la movilidad esté a la altura" de esa red.
Puente ha argumentado que España es el primer país en conectividad ferroviaria de alta velocidad del mundo, con el 70% de la población conectada, y el segundo país en kilómetros de alta velocidad, solo por detrás de China. También es el primer país de la Unión Europea en autovías y el tercero del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China. Igualmente, es el primer país de la Unión Europea en escalas portuarias, así como el mejor del mundo en infraestructuras aeroportuarias.
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Óscar Puente ha aclarado que el pago por uso en las autovías no está recogido en la ley ni tampoco su estudio.
El ministro ha explicado que el acuerdo alcanzado con la Unión Europea reemplaza ese posible mecanismo de pago por un programa para aumentar las inversiones en el transporte de mercancías por tren que contempla tres premisas: desarrollar autopistas ferroviarias en aquellos tramos en los que haya demanda empresarial, bonificar los cánones de transporte ferroviario de mercancías a los operadores durante, al menos, cinco años, y lanzar apoyos e incentivos al sector.
El Gobierno se plantea alcanzar antes de 2030, como mínimo, el 10% que el transporte de mercancías por tren representa de media en la UE, ha remarcado Puente.