Guerra abierta por la memoria histórica: el Gobierno da un ultimátum a las comunidades antes de ir al Tribunal Constitucional

El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática y su incidencia en las comunidades autónomas. Asimismo, ha estudiado las posibles acciones tras las propuestas de algunas comunidades autónomas para derogar la regulación de memoria democrática. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que la Ley de Memoria Democrática contó con un amplio consenso en el Parlamento, es un instrumento para reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura posterior y está basada en la defensa y protección de los derechos humanos. El informe presentado hoy plantea acciones que van desde la resignificación del Valle de los Caídos -ahora Valle de Cuelgamuros- como futuro centro de interpretación memorialista hasta la creación de tres comisiones relativas al pueblo gitano, a la restitución económica de las víctimas y al estudio de posibles vulneraciones de los derechos humanos entre 1978 y 1983, según ha explicado el ministro. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez El ministro ha incidido en que el Gobierno prevé seguir con el Plan Cuatrienal de Exhumaciones, que ha permitido recuperar 4.500 víctimas gracias a la colaboración de las comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias y de determinados ayuntamientos. Además, el ministro ha reiterado que todas las víctimas tienen que ser exhumadas con independencia del bando en el que estuvieran. El informe también ha analizado la norma que ha aprobado el Gobierno de Aragón para derogar su ley autonómica de Memoria Democrática de 2018. Los servicios jurídicos del Ministerio han determinado que en su contenido "hay una evidente vulneración de los derechos humanos, del derecho internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas y de todos los convenios internacionales" suscritos por España, según ha avanzado Torres. El ministro ha explicado que esa norma elimina el mapa de las fosas comunes, no obliga a las administraciones a que colaboren económicamente con las asociaciones memorialistas y con las víctimas, y elimina la disposición que homenajea a todas las personas de Aragón que perdieron la vida en los campos de concentración y de exterminio nazi. Ante esta situación, Ángel Víctor Torres ha anunciado que el Gobierno de España activará un mecanismo de diálogo con las comunidades autónomas y abordará con el Gobierno de Aragón, a través de la convocatoria de una comisión bilateral, la fórmula para que "ese texto regrese al ámbito constitucional y respete la Ley de Memoria Democrática". "Espero, como hacemos con otras propuestas legislativas de las comunidades autónomas, que nos sentemos en una mesa para llegar a un acuerdo", ha añadido. El ministro ha trasladado que, si en seis meses no hay acuerdo, el Gobierno elevará al Tribunal Constitucional la ley autonómica que deroga la regulación de la Memoria Democrática, al igual que cualquier legislación autonómica que en este sentido impulsen otras comunidades autónomas. En este contexto, Torres se ha referido a las proposiciones presentadas por Castilla y León y la Comunitat Valenciana, aún no aprobadas, para "modificar sus leyes e igualar, cosa que es inaceptable, un periodo de régimen dictatorial con un periodo de régimen democrático". Como ejemplo, el ministro ha señalado que el artículo 1 de la Ley de Memoria Democrática, que condena la dictadura, ha desaparecido en esas proposiciones de ley. "El Gobierno de España siempre se sentará a negociar, pero, con igual firmeza, si no hay acuerdo, iremos a los órganos pertinentes para defender todo lo que nos ha costado tanto conseguir, que es la recuperación de la democracia y el valor que tenemos de poder opinar, decir y defender aquello en lo que creemos con absoluta libertad, cosa que no ocurrió lamentablemente durante 40 años de dictadura en nuestro país", ha concluido el ministro.