212 millones para estudiar qué ayudas sociales funcionan de verdad: el Gobierno evalúa el impacto del Ingreso Mínimo Vital

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / José Manuel Álvarez El Consejo de Ministros ha aprobado un informe que recoge los resultados de un conjunto de proyectos piloto sobre políticas de inclusión. Con el análisis de estas iniciativas, financiadas con fondos 'Next Generation', el Gobierno cumple el hito 351 del Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recordado que, en los momentos más duros de la pandemia, el Gobierno activó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación que ha beneficiado ya a más de 2,3 millones de personas, la mitad de ellas menores, y 800.000 familias. "Una medida fundamental de nuestro Estado de bienestar y muestra del escudo social que se puso en marcha en aquel momento y que impidió que más de un millón y medio de personas cayeran en una situación de pobreza", ha señalado. Las circunstancias -ha añadido- han cambiado, "pero la pobreza y la exclusión siguen siendo un desafío", por lo que es necesario impulsar medidas complementarias que "acompañen a la persona, reconozcan su individualidad y aumenten la efectividad de las políticas". Aprovechando los fondos europeos, el Ejecutivo creó el Laboratorio de Políticas de Inclusión, una experiencia pionera a nivel internacional que ha permitido identificar las mejores prácticas en este ámbito, con rigor científico y la colaboración de comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales. Elma Saiz presentará el informe el 15 de abril al comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, y al día siguiente, en Estados Unidos, al Banco Iteramericano de Desarrollo y al Banco Mundial. A primeros de mayo compartirá los resultados con las comunidades autónomas y 18 ayuntamientos elegidos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El informe -"Palancas para la inclusión. Recomendaciones del Laboratorio de Políticas de Inclusión en base a la evidencia científica"- comprende 34 proyectos piloto que han supuesto una inversión de 212 millones de euros y se han llevado a cabo en todas las comunidades y ciudades autónomas. Las iniciativas se han evaluado de manera integral y usando una metodología similar a la que se emplea en los ensayos clínicos, lo que posibilita determinar las causas que han motivado los cambios observados. Este análisis ha contado con el apoyo científico de dos instituciones de prestigio internacional: el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). En total, han participado en los proyectos más de 76.000 personas vulnerables, (180.000 si se considera su entorno familiar); la mayoría son mujeres con menores a cargo, un nivel educativo bajo y en situación de desempleo, un perfil muy similar al de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Buena parte de los proyectos se han centrado en el empleo, la educación o la capacitación digital. Los hallazgos de las iniciativas se han sintetizado en un decálogo de recomendaciones para impulsar nuevas políticas de inclusión. La ministra ha destacado la importancia de la atención personalizada. Este enfoque ha permitido, por ejemplo, aumentar en un 45% la contratación de personas con discapacidad intelectual. Otra clave para abordar situaciones complejas que requieren soluciones integrales es intervenir desde diferentes ámbitos; en concreto, actuar de manera global sobre la persona y su entorno puede aumentar los ingresos de una familia hasta en 200 euros mensuales y mejorar incluso en un punto las calificaciones de los menores en materias como la lengua o las matemáticas. Las recomendaciones enfatizan también la utilidad de la inversión educativa y de la formación digital, la importancia de seguir colaborando con las administraciones y las entidades más próximas al ciudadano y la necesidad de potenciar metodologías de evaluación en las políticas públicas. Diversas administraciones y entidades van a replicar algunos de estos proyectos, según ha apuntado Saiz: "España ha sido pionera a la hora de poner en marcha una infraestructura para evaluar las políticas de inclusión. Ahora solo falta que este empeño no se quede en los márgenes de la política, sino que pase a ocupar el centro en la toma de decisión de los gobiernos".