Volver a PortadaReunión del Consejo: 04-06-2024
04-06-20242 min de lectura1 visitas

Freno legal a los móviles y pantallas en menores: control parental de fábrica, adiós a las cajas de apuestas en videojuegos y penas por 'deepfakes'

El Gobierno prepara una ley para vetar a los menores en webs pornográficas, elevar a 16 años el permiso de datos y perseguir penalmente los montajes sexuales con inteligencia artificial.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El anteproyecto de una futura ley integral para proteger a los menores en internet y redes sociales. Entre las medidas estrella: los móviles y tabletas tendrán que venir de fábrica con el control parental activado, se elevará de 14 a 16 años la edad mínima para ceder datos personales, se prohibirán las 'cajas de recompensa' de pago (loot boxes) en videojuegos a menores y se castigará en el Código Penal la creación o difusión de pornografía falsa creada con inteligencia artificial ('deepfakes'), el engaño a menores en la red (grooming) y el acoso digital con órdenes de alejamiento online.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.

¿Quién sale ganando con esto?

Principalmente las familias, padres, madres y educadores, que contarán con herramientas legales y técnicas por defecto para blindar a los niños de contenidos violentos o pornográficos y de las adicciones a las pantallas. También ganan las víctimas de delitos digitales, que tendrán mayor amparo judicial frente al ciberacoso y los montajes con IA.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! La gran traba de esta norma será su aplicación técnica real. La verificación efectiva de edad en internet y el control de plataformas gigantes y redes sociales extranjeras suele chocar con la privacidad y la falta de tecnología 100% infalible. Además, muchas de las obligaciones dependerán de que las multinacionales tecnológicas y los fabricantes de dispositivos acepten adaptar su software y hardware específicamente para el mercado español si no se aprueba al mismo tiempo una normativa idéntica en toda la Unión Europea.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se puede solicitar ni está en vigor. Se trata del borrador de una futura ley que primero debe ser debatida, enmendada y votada en el Congreso de los Diputados y el Senado antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y fijar sus plazos de adaptación para fabricantes y plataformas.

Compartir noticia:
Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Principales líneas de actuación

Redacción burocrática original:

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez Félix Bolaños ha avanzado que la futura ley contiene medidas para la prevención y formación en competencias digitales de los menores, sus familias y de los profesionales que tienen contacto con ellos, como los docentes y los sanitarios. Además, incluye modificaciones en el Código Penal para tipificar determinados delitos que se cometen en el entorno tecnológico y refuerza el control parental y verificación de la edad de las personas que acceden a las webs y a las redes sociales. El ministro ha detallado que los poderes públicos estarán obligados a hacer campañas de sensibilización sobre los derechos de los menores en el ámbito digital y los riesgos asociados a este entorno. Impulsarán espacios de encuentro donde los menores puedan desarrollar actividades lúdicas y de ocio saludable, al margen de los entornos digitales y las redes sociales. En el ámbito sanitario, la futura ley incluye medidas para la detección precoz, la prevención y la atención especializada de menores con patologías relacionadas con el uso inadecuado de herramientas digitales. En el ámbito educativo se fomentará la educación en ciudadanía digital, alfabetización mediática, privacidad, protección de datos y propiedad intelectual. Bolaños ha remarcado que la norma modificará el Código Penal para poder sancionar, incluso desde el punto de vista penal, las conductas inapropiadas que se están produciendo en el entorno digital. La futura ley tipifica como delitos los 'deep fakes pornográficos', es decir, la difusión de imágenes o audios que puedan parecer reales, pero han sido generados por inteligencia artificial u otras tecnologías y simulan situaciones de contenido sexual o vejatorias, sin autorización del afectado. También tipifica como delitos el "grooming" o engaño a menores en línea y la difusión de material pornográfico a menores. El texto regula asimismo el alejamiento online para que los agresores condenados no puedan contactar con la víctima por medios digitales. El ministro ha recordado que el presidente del Gobierno se reunió el 4 de marzo con las principales empresas tecnológicas que operan en España y les propuso colaborar en la aplicación de medidas para proteger a los menores en el entorno digital. Así, la futura ley establece que los fabricantes deberán asegurar que los dispositivos digitales cuenten con control parental activado por defecto y con un etiquetado informativo sobre sus riesgos. Del mismo modo, tendrán que implementar sistemas de verificación de edad efectivos. Félix Bolaños ha añadido que las plataformas de intercambio de videos deberán tener un enlace directo al canal de denuncias y a los sistemas de control parental accesibles para cualquier usuario. La norma prohíbe el acceso de los menores de edad a mecanismos aleatorios de recompensas de pago en videojuegos y plataformas (loot boxes) y obliga a los 'influencers' a sumarse a las medidas de protección a menores. Además, eleva de 14 a 16 años la edad mínima a la que se pueda dar consentimiento al tratamiento de datos personales. El ministro ha concluido señalando que España quiere liderar el debate en la Unión Europea sobre esta materia y aboga por lograr una regulación homogénea en todos los países.