Las multinacionales no podrán escaquearse: fijan un impuesto mínimo del 15% para gigantes que facturen más de 750 millones

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el proyecto de ley para trasponer la directiva europea que garantiza una imposición mínima global del 15% para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión Europea. El texto cumple con el acuerdo que se alcanzó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -ratificado ya por más de un centenar de países-- para luchar contra el traslado de los beneficios de los grandes grupos multinacionales a lugares de menor fiscalidad. "Se trata de avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo, a ser posible armonizado, basado en la idea que siempre ha defendido este Gobierno: que quien más gana, más debe contribuir al conjunto de la sociedad", ha señalado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La vicepresidenta ha destacado la importancia de la justicia fiscal como base para el desarrollo de la justicia social y el Estado del bienestar, así como la necesidad de la cooperación internacional para lograr avances en un mundo cada vez más globalizado. Montero ha recordado que España lideró, en el marco de la OCDE, los trabajos preparatorios para adoptar medidas contra la "planificación fiscal agresiva" de las grandes compañías y ha sido un actor relevante en la consecución del mayor consenso posible. La responsable de Hacienda ha subrayado también que España puso en marcha de manera pionera algunas de esas políticas fiscales, como el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas establecido en el año 2022. En esa misma línea, Montero ha citado los gravámenes a grandes empresas de determinados servicios digitales, sobre transacciones financieras y a las energéticas y los bancos con beneficios récord por el aumento de los precios de la energía y de los tipos de interés. La recaudación obtenida con esas figuras fiscales ha posibilitado, a su vez, rebajar el IVA de la energía y de los alimentos básicos, que tienen más peso en el consumo de los colectivos vulnerables. "Recaudamos por una parte y dejamos de recaudar en la que afecta a la gran mayoría de la población", ha dicho Montero, que ha descrito la política fiscal del Ejecutivo como "responsable" y basada en los acuerdos y las recomendaciones internacionales. El proyecto de ley establece un tipo mínimo global impositivo para grupos empresariales multinacionales o grupos nacionales de gran magnitud cuya cifra de negocio supere los 750 millones de euros. La norma persigue evitar que las empresas desplacen beneficios a territorios de baja o nula tributación, algo que perjudica a los ingresos de los Estados miembros y conduce a una espiral en la que los países se ven obligados a reducir sus tipos del Impuesto de Sociedades para atraer inversiones, según ha explicado Montero. La directiva recoge que los Estados podrán aplicar un impuesto complementario que grave a las multinacionales o grandes grupos nacionales que radiquen en su territorio y no alcancen una tributación mínima del 15% en su jurisdicción. Tras la aprobación del proyecto de ley, España aplicará ese impuesto, que puede adoptar diferentes configuraciones, complementarias entre sí. La vicepresidenta primera ha detallado que, según las estimaciones de la Agencia Tributaria, la norma afectaría a un total de 126 grupos con matriz española y a 707 grupos multinacionales con matriz extranjera y filiales españolas. Respecto a la recaudación que Hacienda prevé obtener con la trasposición, María Jesús Montero ha explicado que dependerá de cómo adapte la directiva cada país de la UE. La ministra ha señalado que lo previsible es "que todo el mundo intente hacer su propia recaudación del 15% y que no caiga en manos de otros países".