Nuevas exigencias a las cooperativas y protocolos LGTBI obligatorios en todas las empresas

El proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social moderniza las normas reguladoras de un sector que "forma parte del protagonismo y la centralidad de la acción económico-social del Gobierno de España", según ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Con el Ejecutivo actual, la economía social -ha recordado Díaz- cuenta con una Secretaría de Estado propia, una Estrategia nacional y un PERTE dotado con más de 1.700 millones de euros. Además, el Gobierno ha reactivado el Consejo de la Economía Social, ha logrado potenciar esta materia en el seno de la Unión Europea y ha impulsado en Naciones Unidas la primera resolución sobre este asunto. El sector aglutina en España a más de 43.000 empresas, emplea a más de 2,5 millones de personas y representa más del 10% del Producto Interior Bruto (PIB). La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa "Es una economía solidaria y democrática, fundamentalmente en la deliberación y la toma de decisiones, de ahí que podamos decir que hoy estamos desarrollando de manera concreta el mandato constitucional en su artículo 129", ha afirmado Yolanda Díaz. La vicepresidenta ha recalcado la importancia de las cooperativas, las empresas de inserción, las cofradías y el resto de modalidades del sector en el trabajo femenino y en el cuidado del medio ambiente, así como en terrenos como la agricultura, la pesca, la educación, la vivienda y la cultura. En el caso de las cooperativas, el proyecto de ley adapta su funcionamiento a las nuevas tecnologías, que se incorporan a la toma de decisiones y al acceso a toda la información que forma parte del debate democrático en los órganos de deliberación. Además, exige a estas empresas que se doten de planes de igualdad cuando superen los 50 trabajadores y crea un registro de empresas cooperativas válido para todo el país. La vicepresidenta ha subrayado que el texto persigue, además, "expulsar a aquellas empresas que cometan fraude para eludir las normas del derecho laboral español", como ocurre en los casos de subcontratación con un nivel de dependencia económica de la contratista igual o superior al 75%. El texto modifica igualmente la regulación de las empresas de inserción, que son las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por una parte, amplía la definición de los colectivos en esa situación; por otra, crea un nuevo modelo de contrato, de transición al trabajo ordinario, para que, una vez que esas personas estén tutorizadas y formadas, se integren en el ámbito del empleo ordinario. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa El Consejo de Ministros ha aprobado, además, un conjunto de medidas para la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI en las empresas que desarrolla el acuerdo firmado con los agentes sociales el pasado 26 de junio. La vicepresidenta segunda ha resaltado que ese acuerdo, el número 20 en el contexto del diálogo social, fortalece la posición de España a la vanguardia de los derechos de las personas LGTBI en todo el mundo. "Lo que hacemos es llevar la democracia a las empresas y acabar con una de las formas más agresivas de discriminación en nuestro país", ha asegurado Yolanda Díaz. La titular de Trabajo ha apuntado que, por ejemplo, entre las personas LGTBI, 3 de cada 4 docentes ocultan su condición para evitar sufrir consecuencias graves en el puesto de trabajo y que el 40% de las personas trans son expulsadas del mercado laboral ya en los procesos de selección. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto aprobado hoy, las empresas tendrán que reabrir sus convenios colectivos para incorporar medidas que promuevan la igualdad e impidan cualquier forma de discriminación. Entre ellas, la garantía al acceso al empleo sin sesgos, procesos de formación específicos sobre estas materias, permisos y beneficios sociales que atiendan a la diversidad, con especial atención a las personas trans, y un plan contra el acoso a las personas LGTBI. Si no hay negociación o no se alcanza un acuerdo, se aplicarán como mínimo las medidas recogidas en la norma. Yolanda Díaz ha enfatizado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigilará su cumplimiento y ha agradecido la labor de los colectivos LGTBI, los sindicatos y la patronal. "Hoy nuestro país es mucho mejor", ha manifestado.