El Gobierno envía a Bruselas su plan de gasto hasta 2028: promete cuadrar las cuentas y prepara nuevas reformas fiscales

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa En cumplimiento del nuevo marco de gobernanza de la Unión Europea, el Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo, que recoge una reducción del déficit y la deuda compatible con un crecimiento sólido y equilibrado. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado el "pulso de crecimiento" de la economía española en los últimos trimestres, por encima del 3% en términos interanuales. Esa evolución -ha explicado- se basa en un "muy buen comportamiento" del mercado de trabajo, con cifras récord de afiliaciones y una mayor estabilidad laboral. Ese crecimiento se combina, además, con la moderación de los precios, la aportación "muy positiva" de las exportaciones y la reducción de la deuda pública, según ha indicado el ministro. En este sentido, Carlos Cuerpo ha mencionado la ratificación del dato del aumento de los precios del 1,5% en septiembre y el hecho de que los alimentos se estén encareciendo al ritmo más bajo en tres años. "Se confirma la recuperación progresiva del poder adquisitivo de los hogares, con unos salarios que están creciendo de manera significativa por encima de los precios y, en particular, de la cesta de la compra", ha afirmado. El titular de Economía ha mencionado también la revisión al alza de las previsiones de crecimiento por parte de los principales analistas, tanto para este año como para 2025. En ese contexto económico, el Consejo de Ministros ha enviado a Bruselas el plan fiscal para el período 2025-2028. Carlos Cuerpo ha recordado que a partir del próximo año vuelven a estar en vigor las reglas fiscales europeas, tras haberse desactivado debido a la pandemia, y que se trata del nuevo marco que se acordó durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre del 2023. Las reglas -ha precisado- se guían por "una visión de futuro", de tal forma que la consolidación de las cuentas públicas no se produzca a costa de frenar el crecimiento o penalizar las inversiones. Este marco para los próximos cuatro años irá acompañado de un documento anual, el plan presupuestario, donde se detallarán todas las medidas necesarias para ir cumpliendo los objetivos del año siguiente. El ministro ha subrayado que, incluso en ausencia de reglas fiscales, España ha reducido el déficit público desde el 10% en 2020 hasta el 3% previsto para el cierre de este año. En cuanto a la deuda pública, el Gobierno espera que a finales de 2024 se sitúe en el 102,5% del Producto Interior Bruto (PIB), con lo que habrá bajado más de 20 puntos desde el máximo alcanzado en 2021. El Plan Fiscal y Estructural establece que el gasto crecerá un 3,4% en promedio anual entre 2025 y 2028. Esta tasa permitirá a España gastar unos 6.000 millones de euros más al año con respecto al promedio del gasto del período 2014-2018. Ese mayor gasto es compatible con la estrategia de responsabilidad fiscal que el Ejecutivo presentó el pasado julio: el objetivo de déficit para este año es del 3%, un porcentaje que se reduciría en los tres años siguientes al 2,5%, el 2,1% y el 1,8%. En cuanto a la deuda, bajaría del 100% del PIB ya en el año 2026, se situaría en niveles prepandemia en 2027 y en torno al 90% del PIB en 2031. El documento remitido a la Comisión Europea incluye compromisos "ambiciosos" en materia de reformas e inversiones que van más allá de los recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre otros ámbitos, el ministro se ha referido a la vivienda, la inmigración y el clima de negocio, así como a medidas específicas relacionadas con las pensiones, la lucha contra el fraude, la factura electrónica y la reforma fiscal. Carlos Cuerpo ha manifestado que el Plan, en definitiva, permitirá garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera compatible con el mantenimiento del Estado del bienestar, la modernización de la economía y un crecimiento sostenido y robusto.