Las medianas y grandes empresas tendrán que auditar por ley su impacto ecológico, laboral y social

El Gobierno envía al Congreso la ley que obligará a las compañías a detallar su huella ambiental y medidas anticorrupción, dejando exentas a la inmensa mayoría de las pymes.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno ha enviado a las Cortes una nueva ley que traspone una directiva europea para obligar a las medianas y grandes empresas a rendir cuentas públicas no solo de sus ganancias, sino de su impacto ambiental, social, de derechos humanos y de lucha contra la corrupción. Además, estos informes de sostenibilidad deberán estar revisados y certificados por auditores independientes bajo supervisión pública.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.

¿Quién sale ganando con esto?

Salen ganando los consumidores e inversores que quieran conocer con datos auditados y reales el comportamiento ético y ecológico de las compañías para evitar el postureo verde (*greenwashing*). También ganan las empresas auditoras y entidades certificadoras, que sumarán una nueva vía de negocio revisando estos informes.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

La letra pequeña está en la burocracia y los costes añadidos: auditar toda esta información no es gratis y supondrá una carga extra de gestión para las empresas afectadas. Aunque el Ejecutivo insiste en que las pymes quedan fuera de la obligación (salvo 16 pequeñas empresas que cotizan en bolsa), en la práctica las grandes compañías acabarán exigiendo estos datos a sus proveedores pequeños para poder justificar su propia cadena de suministro.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún tiene que tramitarse y votarse en el Congreso y el Senado. El plan previsto es que su entrada en vigor se realice de forma escalonada entre este año y el año 2025 en función del tamaño y volumen de negocio de cada grupo empresarial.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Información empresarial sobre sostenibilidad

Redacción burocrática original:

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, que supone un avance en términos de transparencia empresarial y responsabilidad social de las empresas. El texto, que fue presentado en mayo de 2023, traspone la normativa europea para mejorar la presentación y la verificación de la información no financiera de las empresas. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha precisado que la norma mejora la transparencia de las empresas en cuestiones medioambientales, sociales, de cumplimiento de los derechos humanos, gobernanza y lucha contra la corrupción. Las compañías tendrán que informar sobre cómo afectan estos elementos a su negocio. Cuerpo ha añadido que, como novedad, la verificación de los informes de sostenibilidad de las empresas la podrá realizar una entidad independiente o el propio auditor de cuentas de la empresa, que estarán sometidos a la supervisión del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). "Queremos que nuestras empresas sean capaces de enfrentarse a esta necesidad de proveer información adicional sin que ello suponga una carga excesiva para ellas", ha trasladado el ministro. En este sentido, el titular de Economía ha anunciado que la norma se aplicará a las grandes y medianas empresas y grupos empresariales e irá entrando en vigor de forma escalonada entre este año y 2025. Las pequeñas empresas no tendrán que realizar el informe de sostenibilidad, salvo que estén cotizadas: "Estaríamos hablando de 16 pymes, para que nos hagamos una idea de la importancia de la exceptuación de las pymes". No obstante, el ministro ha aconsejado a las pymes que faciliten de manera voluntaria esa información para que vayan ajustándose a la normativa europea.