Multas millonarias y freno a los engaños: el Gobierno prepara la ley para controlar los abusos de la Inteligencia Artificial

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez El Consejo de Ministros ha abordado el anteproyecto de ley de gobernanza de la Inteligencia Artificial, que adapta a la legislación española el reglamento europeo sobre esta materia. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado que la economía española podría crecer un 8% solo mediante la aplicación de la Inteligencia Artificial durante los próximos 10 años. Además, ha apuntado que, según las propias compañías tecnológicas, el Gobierno de España es líder en la implementación y el impulso de la Inteligencia Artificial. El ministro ha recordado que el Ejecutivo puso en marcha en 2020 una estrategia para que la Inteligencia Artificial favoreciera el crecimiento y el bienestar de la ciudadanía. Se trata de una herramienta -ha añadido López- que puede usarse para investigar enfermedades o prevenir catástrofes naturales, por ejemplo, pero también para "difundir bulos, mentiras y esparcir odio". Entre los logros de esa estrategia, Óscar López ha citado el Centro de Supercomputación de Barcelona; la puesta en marcha de una familia de modelos de lenguaje entrenados en español y demás lenguas cooficiales; la transferencia de 223 millones de euros a las comunidades autónomas para impulsar la Inteligencia Artificial en el sector público, y las inversiones estratégicas de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica en sectores de colaboración público-privada. Otro beneficio de esa estrategia, según ha subrayado el ministro, es el impulso de los derechos digitales. España ha sido el primer país en aprobar una Carta de Derechos Digitales y también en poner en marcha un Observatorio de Derechos Digitales y una Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). El anteproyecto de ley completa la regulación de los servicios digitales y los medios de comunicación presentada recientemente por el Ejecutivo. La futura norma protege los derechos digitales frente a un uso negativo de la Inteligencia Artificial, identificando prácticas prohibidas y sistemas de alto riesgo, según ha resumido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Entre las prácticas prohibidas en el ámbito de la Inteligencia Artificial figuran el uso de técnicas subliminales para manipular las decisiones, por ejemplo, mediante un 'chatbot' que identifique a usuarios con adicción al juego y les incite a jugar en Internet. También se sancionará explotar las vulnerabilidades relacionadas con la edad o una discapacidad, por ejemplo, a través de un juguete infantil que anime a completar retos que acaben provocando lesiones graves. La norma prohíbe igualmente clasificar de forma biométrica a las personas en espacios públicos, salvo las excepciones motivadas por razones de seguridad en ámbitos como el de defensa o interior. Las sanciones previstas para estas prácticas oscilan entre los 7,5 y los 35 millones de euros o entre el 2% y el 7% del negocio mundial de la empresa que haya incumplido la ley. La autoridad que perseguirá estas conductas será la Agencia Española de Protección de Datos en lo relativo a los sistemas biométricos; el Consejo General del Poder Judicial para el campo de la justicia, la Junta Electoral Central para lo que afecte a procesos democráticos, y la AESIA en el resto de casos. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez Por otra parte, el proyecto de ley identifica los sistemas de Inteligencia Artificial de alto riesgo, que deben cumplir una serie de obligaciones, como disponer de un sistema de gestión de riesgos y de supervisión humana. En este apartado se incluyen ciertas prácticas en los productos industriales, los juguetes, los equipos radioeléctricos o productos sanitarios, así como sistemas relacionados con infraestructuras críticas, educación y formación profesional, empleos, servicios bancarios y prestaciones públicas esenciales, entre otros. Las infracciones graves se sancionarán con entre 500.000 y 7,5 millones de euros o entre el 1% y el 2% del volumen del negocio mundial de la compañía. Óscar López ha indicado que también se considerará una infracción grave no cumplir con la obligación de etiquetar o identificar correctamente cualquier imagen, audio o vídeo generado o manipulado con Inteligencia Artificial en el que se muestren personas reales o inexistentes diciendo o haciendo cosas que nunca han dicho o hecho. Todos los ciudadanos -ha manifestado- pueden "ser víctimas de una suplantación para que se les vea en un contexto falso, diciendo cosas falsas y haciendo cosas que no han pasado". El reglamento europeo adaptado por el anteproyecto de ley obliga a establecer un entorno controlado de pruebas para facilitar la validación de los sistemas de Inteligencia Artificial antes de su comercialización o puesta en servicio. España, según ha remarcado el ministro, ya cuenta con esa herramienta para que las empresas puedan testar "tranquilamente" cómo se aplica la regulación de la Inteligencia Artificial y cómo les afecta en su día a día.