Reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades: un plan de 100 millones de euros para aliviar regiones saturadas

Ángel Víctor Torres ha defendido que la única solución definitiva y estructural para la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados es modificar la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una reforma que viene acompañada -ha apuntado- de la consignación económica que necesita. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez En concreto, el texto aprobado hoy modifica el artículo 35 de esa ley añadiéndole cuatro puntos. El 35 bis establece que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde están representadas las comunidades autónomas, mantiene su plena autonomía y puede adoptar sus propias decisiones sobre los aspectos recogidos en este artículo si las acuerda por unanimidad. Este punto indica, además, que la comunidad que cuente con una presencia de menores extranjeros no acompañados que triplique su capacidad ordinaria se encontrará en situación de contingencia migratoria, lo que trasladará al Gobierno para que active los mecanismos de reubicación. El artículo 35 ter establece una serie de criterios -que pueden ser modificados también por unanimidad por la Conferencia Sectorial- para la distribución de los menores, como la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo realizado anteriormente, el dimensionamiento estructural del sistema de plazas o la condición de ciudad fronteriza o de insularidad de cada territorio. Estos criterios se basan fundamentalmente en las conferencias sectoriales de los años 2022, 2023 y 2024. La modificación legislativa regula, en el artículo 35 quater, cómo debe llevarse a cabo el registro del menor no acompañado, cuyos derechos deberán preservarse siempre. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha explicado que, cuando un menor llegue a una comunidad y esta se encuentre en situación de contingencia migratoria extraordinaria, el traslado a la comunidad de destino debe producirse en el plazo de 15 días desde que se complete el registro del menor. Ángel Víctor Torres ha destacado, igualmente, dos aspectos recogidos en las disposiciones adicionales del texto aprobado por el Ejecutivo. Por una parte, se establece un fondo de 100 millones de euros para financiar los traslados. Por otro lado, se fijan los criterios para determinar la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida, que es el parámetro a partir del cual se calcula la sobreocupación. El ministro ha subrayado que la capacidad ordinaria de cada territorio se determina con criterios transparentes y claros, partiendo del número de menores extranjeros no acompañados atendidos en el conjunto del país. "Todas las comunidades tienen igualdad con respecto a la capacidad ordinaria porque está basada en un criterio absolutamente objetivo como es la población", ha manifestado Ángel Víctor Torres. En 2025, las comunidades tendrán hasta el 31 de marzo para certificar a cuántos menores extranjeros no acompañados están atendiendo; a partir del próximo año, la fecha se adelanta al 15 de enero. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, atienden las preguntas de la prensa. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez El ministro ha recordado que, en algunos centros de menores, hay 300 personas en espacios habilitados para 20 y que se trata de niños o jóvenes que ni siquiera pueden ser escolarizados en condiciones dignas. "En este país fuimos capaces de acoger a decenas de miles de menores tras la invasión de Ucrania y un conflicto bélico. Son los mismos menores, tienen las mismas edades, lo único que les diferencia es el color de la piel", ha señalado. Ángel Víctor Torres ha reclamado que, en la convalidación de la norma, los partidos políticos demuestren sentido de Estado y defiendan "los derechos humanos, la dignidad y la igualdad".