Las grandes empresas y la Administración tendrán que medir cuánto contaminan y presentar planes para recortarlo

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y por el que se establece la obligación del cálculo de la huella de carbono y de la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha destacado que con esta medida el Gobierno da "un paso adelante en la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad y la protección de nuestra sociedad y los ecosistemas". La norma, según ha explicado Aagesen, obliga a calcular anualmente la huella de carbono y a establecer un plan de reducción de las emisiones dirigido a dos colectivos: las empresas y la administración. En concreto, empresas que formulen cuentas consolidadas y sociedades cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y tengan condición de entidades de interés público, o bien cumplan la condición para ser considerada gran empresa. Estas empresas pueden inscribir su huella en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de forma voluntaria y están obligadas a publicitar esa información y su plan de reducción de emisiones. En el caso del sector público, los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad social y otras entidades deberán calcular de manera anual la huella de carbono de su organización y tienen la obligación de inscribirla en el registro. "Medir la huella de carbono nos permite identificar y reducir las emisiones, mejorar los procesos productivos, ser más eficientes, ser más competitivos, impulsar la innovación y ser menos dependientes de los combustibles fósiles", ha subrayado la ministra. La norma aprobada hoy también fomenta la coordinación entre los esquemas de huella de carbono existentes y mejora la trazabilidad de las unidades de absorción. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez Sara Aagesen ha incidido en que los planes de reducción de emisiones tienen que ser ambiciosos y realistas y estar alineados con la neutralidad climática y con los objetivos definidos en el Pacto Verde europeo: "Deben contemplar, como mínimo, un objetivo cuantificado de reducción de emisiones en un periodo de cinco años y medidas concretas para conseguirlo. Deben ser compatible con una economía sostenible en consonancia con el acuerdo de París". La medida es un activo en el cambio climático porque el cambio climático, ha subrayado Aagesen, es una realidad científica respaldada por la comunidad internacional: "Ignorar el cambio climático es irresponsable y es temerario, pone en riesgo nuestro futuro como sociedad y nuestro presente". La ministra ha recordado que el Pacto Verde apuesta por mejorar nuestra resiliencia, la economía circular, una industria descarbonizada y un medio ambiente más saludable. También aboga por la equidad climática, impulsa la innovación y la creación de empleo y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. "El Pacto Verde significa más Europa, más seguridad, una Europa más fuerte ante el mundo, más segura y menos dependiente y más resiliente ante los efectos del cambio climático", ha remarcado.