Cárcel y multas ligadas a la facturación para las empresas que se salten los embargos y sanciones de la UE
El Gobierno prepara una reforma legal para castigar penalmente a las empresas que negocien con países vetados por Bruselas y endurecer las penas por blanqueo de capitales.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
El primer paso para cambiar la ley penal en España y adaptarla a las exigencias de Bruselas. A partir de ahora, saltarse los embargos o las sanciones financieras impuestas por la Unión Europea a terceros países dejará de ser una simple infracción administrativa para convertirse en un delito penal que acarreará multas millonarias y responsabilidades penales para las empresas y sus directivos.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.
¿Quién sale ganando con esto?
La justicia comunitaria y la política exterior europea, que buscan cerrar el coladero de empresas intermediarias que esquivan los bloqueos comerciales. Pierden las compañías y entramados societarios que hacían negocio puenteando sanciones internacionales o blanqueando dinero procedente de estas actividades ilícitas.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
¡Ojo con el alcance de las sanciones! El anteproyecto contempla multar a las empresas infractoras en función de su facturación global a nivel mundial, no solo por lo que facturen en España. Además, se endurece automáticamente el delito de blanqueo de capitales cuando el dinero sucio proceda de violar estas medidas de seguridad de la UE.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Por ahora nada: aún no está en vigor. Se trata de un anteproyecto de ley que primero debe pasar por los órganos consultivos, ser aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y superar todo el trámite parlamentario en el Congreso y el Senado antes de publicarse en el BOE.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
Titular oficial:
Responsabilidad penal por delitos contra la Unión Europea
Redacción burocrática original: