Volver a PortadaReunión del Consejo: 01-07-2025
01-07-20252 min de lectura1 visitas

Traspaso de los pisos del «banco malo» al Estado: 40.000 viviendas de la SAREB pasan a alquiler público

El Gobierno transfiere activos inmobiliarios valorados en 5.900 millones de euros a la empresa pública SEPES con la promesa de alquileres por debajo del mercado.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El traspaso de los activos inmobiliarios de la SAREB (el conocido como «banco malo» creado en 2012) a la entidad pública SEPES, que se convertirá en la nueva Empresa Estatal de Vivienda. El paquete incluye unas 40.000 viviendas ya construidas y 2.400 solares donde el Ejecutivo calcula que se podrían levantar otros 55.000 inmuebles para alquiler asequible. Además, se liberan 593 millones de euros de dinero público para empezar a urbanizar terrenos que eran del Ministerio de Defensa y se pone en marcha el registro único estatal para fiscalizar los alquileres turísticos y de temporada.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

La operación global de traspaso de activos está valorada en 5.900 millones de euros, lo que equivale a unos 122,92 € por español. A esto se añade la partida presupuestaria habilitada de 593 millones de euros (unos 12,35 € por habitante) para la gestión y obras en los terrenos transferidos.

¿Quién sale ganando con esto?

En teoría, los futuros inquilinos con rentas medias y bajas que logren adjudicarse una vivienda con un alquiler tasado que no supere el 30% de los ingresos del hogar, priorizando zonas con precios disparados y áreas afectadas por la DANA. También saldrán beneficiadas las constructoras y promotoras que se lleven las licitaciones públicas de edificación y rehabilitación de los solares.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

Hay tres puntos críticos que no se detallan en el anuncio oficial: primero, el estado real de los inmuebles, ya que buena parte de las casas de la SAREB se encuentran deterioradas, vandalizadas o tapiadas y requerirán una inversión millonaria adicional en reformas antes de poder ser habitadas; segundo, la ubicación, dado que muchos de estos activos no están en las grandes ciudades donde existe la verdadera asfixia por el alquiler; y tercero, los tiempos burocráticos: convertir 2.400 suelos en 55.000 pisos habitables requiere proyectos, licencias municipales y licitaciones que tardarán años en materializarse.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se puede solicitar ninguno de estos pisos. El acuerdo del Consejo de Ministros es solo el trámite societario para pasar las propiedades de una ventanilla a otra dentro de la administración pública. Lo único que entra en funcionamiento de manera inmediata es el registro obligatorio para comercializadores de pisos turísticos y de corta estancia.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Más viviendas y suelo para alquiler asequible

Redacción burocrática original:

La ministra ha agregado que, mientras se desarrollan las promociones que resuelvan "esta emergencia habitacional", son necesarias medidas extraordinarias para disponer en el menor tiempo posible de esas viviendas. Con ese objetivo, el Consejo de Ministros ha aprobado transmitir los activos de la SAREB, la sociedad que se creó en 2012 para gestionar los activos problemáticos de entidades de depósito afectadas por la crisis financiera e inmobiliaria, a la entidad pública empresarial SEPES, en vías de convertirse en la Empresa Estatal de Vivienda y Suelo de la Administración General del Estado. De esta manera, se incorporan viviendas para alquiler asequible al parque público y se reparan "las secuelas derivadas de la anterior crisis financiera, del uso de estas viviendas procedentes de los desahucios de las familias para pagar el rescate financiero", en palabras de la titular de Vivienda. Se trata de uno de los anuncios realizados por el presidente del Gobierno a comienzos de este año: ofrecer a la ciudadanía esas viviendas en forma de alquiler asequible, es decir, que se sitúen por debajo del precio del mercado y, en ningún caso, superen el 30% de los ingresos de las familias. "En definitiva, se trata de destinar aquello que un día sirvió para rescatar a los bancos a rescatar a las familias", ha afirmado Rodríguez. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo Vivienda y Agenda Urbana ha evaluado todos los suelos e inmuebles propiedad de la SAREB para determinar cuáles podían ponerse a disposición de los ciudadanos lo antes posible. En total, son unas 40.000 viviendas y unos 2.400 suelos donde podrían construirse otras 55.000. El valor estimado de la operación es de 5.900 millones de euros. Los criterios empleados han sido, en primer lugar, geográficos: aquellos lugares donde más se precisa vivienda en alquiler y a precios asequibles; también se han priorizado las zonas declaradas tensionadas y las afectadas por la DANA. Se ha tenido en cuenta, igualmente, la dimensión de las viviendas y las condiciones técnicas y de habitabilidad en que se encuentran los inmuebles. La titular de Vivienda ha recordado que la tarea de construir un parque de viviendas asequibles comenzó con terrenos de titularidad del Ministerio de Defensa, para lo que se estableció una consignación presupuestaria importante. Un segundo acuerdo del Consejo de Ministros de hoy ha consistido, precisamente, en habilitar a la empresa pública para que pueda usar esos recursos, que suman 593 millones de euros. También en el ámbito de la vivienda, Isabel Rodríguez ha subrayado que hoy comienza a aplicarse el registro único de alquileres de corta duración, necesario para la comercialización de los alojamientos turísticos o los contratos temporales o de habitaciones. El fin es ofrecer garantías a la ciudadanía y, sobre todo, impedir el fraude y poner coto a los alojamientos turísticos ilegales que están impidiendo el acceso de tantas familias a la vivienda, ha dicho Rodríguez, que ha reiterado la necesidad de que todas las administraciones se impliquen en las políticas públicas de vivienda.