Se acabaron los plantones: los políticos estarán obligados por ley a debatir en la tele pública

El Gobierno exigirá a los medios públicos organizar debates electorales y obligará a los candidatos a dar la cara y no esquivar el cara a cara.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno ha presentado una reforma para que todas las televisiones y radios públicas (como RTVE o las autonómicas) tengan la obligación por ley de organizar al menos un debate durante la campaña electoral. Además, se corta de raíz la costumbre de algunos líderes de ausentarse: los candidatos de los partidos con representación estarán obligados a acudir al plató, salvo que tengan una excusa de peso avalada por la Junta Electoral. También se reserva hueco para los partidos emergentes que hayan superado el 5% de votos en elecciones recientes.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio. Las televisiones y radios públicas ya cuentan con medios técnicos y presupuesto asignado para cubrir la información electoral.

¿Quién sale ganando con esto?

Por un lado, los ciudadanos, que podrán contrastar en directo las propuestas y las contradicciones de los candidatos antes de votar. Por otro lado, las formaciones políticas emergentes (aquellas que alcancen el 5% de los votos), que tendrán garantizado su hueco en pantalla pública y no podrán ser silenciadas por los partidos tradicionales.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! La imposición de organizar debates y la asistencia obligatoria solo ata a los medios públicos, no a las cadenas privadas, que podrán seguir negociando los debates a su aire como hasta ahora. Además, queda abierta la rendija de la «causa justificada»: si un candidato no quiere acudir a un debate, intentará acogerse a cualquier pretexto y la decisión final de sancionarlo o disculparlo quedará en manos de la Junta Electoral.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: se trata de un proyecto de ley que todavía tiene que pasar por el trámite parlamentario, debatirse y votarse tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. No será de aplicación obligatoria hasta que se apruebe definitivamente y salga publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Debates electorales en los medios de comunicación públicos

Redacción burocrática original:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez Respecto a los debates, la reforma exige a los medios de comunicación de titularidad pública que organicen al menos uno durante la campaña electoral. Esta obligación, según ha apuntado Grande-Marlaska, ya figura en las legislaciones electorales de algunas comunidades, como es el caso de Castilla y León, la Región de Murcia y el País Vasco, y está prevista también su regulación en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El titular de Interior ha remarcado que la imposición no se aplica a los medios de titularidad privada, a los que tampoco se les niega dicha posibilidad. "Como hasta ahora, pueden programar debates respetando los mismos principios que rigen a los medios públicos: el pluralismo político, la neutralidad informativa, la igualdad y la proporcionalidad", ha explicado. La norma -ha añadido- obliga a los candidatos de las formaciones políticas que obtuvieron representación electoral en las anteriores elecciones equivalentes a asistir a los debates organizados por los medios públicos, salvo que se lo impida una causa justificada, cuya valoración corresponderá a la junta electoral competente. Los medios de comunicación, por su parte, deberán comunicar a las formaciones políticas los debates que vayan a emitir, con una antelación mínima de 5 días. Otra novedad importante del proyecto es que incluye la participación de los conocidos como "grupos políticos significativos", incorporando así la doctrina de la Junta Electoral Central. Esta denominación se refiere a las formaciones políticas que, pese a no haberse presentado en anteriores elecciones equivalentes o no haber obtenido en ellas representación, sí han logrado al menos un 5% de los votos válidos emitidos en procesos electorales posteriores y en el ámbito territorial del medio de difusión. "La medida refuerza el pluralismo y pretende que los medios de comunicación ofrezcan a los ciudadanos -a los votantes, en definitiva- una información que refleje con la mayor fidelidad posible el escenario electoral en cada uno de los momentos", ha sostenido Fernando Grande-Marlaska.