Blindaje legal a las fuentes de los periodistas: los jueces solo podrán exigir revelar quién filtró en casos extremos

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel ÁlvarezEl Ejecutivo ha presentado el Anteproyecto de Ley orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de servicios de medios de comunicación, que ha sido consensuado con los principales sindicatos y asociaciones de periodistas de España. La iniciativa da cumplimiento al mandado constitucional que establece el derecho a comunicar y a recibir información veraz por cualquier medio de difusión y regulará, por primera vez, el derecho al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Su objetivo, ha dicho Félix Bolaños, es "proteger el trabajo de los profesionales de la información, incluyendo el secreto de sus fuentes y de sus comunicaciones". El ministro ha explicado que el texto regula como titulares del derecho a periodistas, a medios de comunicación y a aquellas personas de su entorno profesional o personal que puedan conocer la identidad de las fuentes. Cualquier intervención judicial que afecte al secreto profesional tendrá que someterse a control previo, riguroso y efectivo. La norma regula también en qué consiste el secreto profesional, que comprende la facultad de no revelar las fuentes, el canal a través del que se transmitió la información ni cualquier otro dato que pueda identificar a la fuente. Los jueces y tribunales sólo podrán ordenar la práctica de diligencias para identificarla cuando exista un daño grave e inminente que afecte a la vida, a la integridad física o a la seguridad de alguna persona o cuando haya un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional o para el sistema constitucional. También podrán autorizar la instalación de programas de vigilancia informática en los dispositivos de los titulares de esos derechos, pero limitándolo a investigaciones sobre delitos de especial gravedad. Bolaños ha añadido que el anteproyecto prevé facilitar la implementación de mecanismos de autorregulación de los profesionales de la información, como pueden ser los códigos deontológicos o de buenas prácticas. Félix Bolaños ha destacado que las dos leyes expuestas hoy forman parte del Plan de Acción por la Democracia presentado por el Gobierno en septiembre de 2024. Bolaños ha añadido que, de las 31 medidas incluidas plan, 18 ya están definitivamente aprobadas o en trámite de aprobación, lo que supone el 60%.