Control a las redes y lupa a los medios: el Gobierno exigirá publicar quién cobra dinero público y vigilará los algoritmos
Los periódicos y televisiones tendrán que desvelar a sus dueños y la publicidad institucional que ingresan, mientras las plataformas digitales tendrán prohibido crear perfiles publicitarios de menores.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
El Gobierno ha enviado al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para regular los servicios digitales y los medios de comunicación. En cristiano: obligará a crear un registro público donde todos los medios deban detallar quiénes son sus accionistas y cuánta publicidad institucional (nacional o extranjera) se embolsan. Además, refuerza el poder de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para vigilar plataformas digitales, exigir transparencia en sus algoritmos y perseguir el rastreo de datos íntimos (como ideología, religión u orientación sexual) con fines publicitarios.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.
¿Quién sale ganando con esto?
Los ciudadanos y usuarios de internet, que podrán consultar qué dinero público financia a cada medio de comunicación y tendrán mayor protección frente a contenidos ilícitos en redes. También los menores de edad y sus familias, ya que se prohíbe taxativamente crear perfiles sobre ellos para colocarles anuncios personalizados.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
¡Ojo aquí! Aunque se vende como un escudo democrático, la norma otorga a organismos estatales como la CNMC la potestad de certificar quiénes son "verificadores o alertadores fiables" y supervisar concentraciones de medios, lo que siempre genera recelos sobre el control gubernamental del debate público. Por otro lado, la efectividad del registro de medios dependerá de que las comunidades autónomas y ayuntamientos de todos los signos políticos colaboren y no oculten el reparto a dedo de su publicidad institucional.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Por ahora nada: aún no se puede exigir su cumplimiento ni está en vigor. El texto inicia ahora su trámite parlamentario en el Congreso y en el Senado, donde los partidos negociarán posibles enmiendas antes de su aprobación definitiva y publicación en el BOE.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
Titular oficial:
Mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación
Redacción burocrática original: