Volver a PortadaReunión del Consejo: 29-07-2025
29-07-20252 min de lectura1 visitas

Control a las redes y lupa a los medios: el Gobierno exigirá publicar quién cobra dinero público y vigilará los algoritmos

Los periódicos y televisiones tendrán que desvelar a sus dueños y la publicidad institucional que ingresan, mientras las plataformas digitales tendrán prohibido crear perfiles publicitarios de menores.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno ha enviado al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para regular los servicios digitales y los medios de comunicación. En cristiano: obligará a crear un registro público donde todos los medios deban detallar quiénes son sus accionistas y cuánta publicidad institucional (nacional o extranjera) se embolsan. Además, refuerza el poder de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para vigilar plataformas digitales, exigir transparencia en sus algoritmos y perseguir el rastreo de datos íntimos (como ideología, religión u orientación sexual) con fines publicitarios.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.

¿Quién sale ganando con esto?

Los ciudadanos y usuarios de internet, que podrán consultar qué dinero público financia a cada medio de comunicación y tendrán mayor protección frente a contenidos ilícitos en redes. También los menores de edad y sus familias, ya que se prohíbe taxativamente crear perfiles sobre ellos para colocarles anuncios personalizados.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! Aunque se vende como un escudo democrático, la norma otorga a organismos estatales como la CNMC la potestad de certificar quiénes son "verificadores o alertadores fiables" y supervisar concentraciones de medios, lo que siempre genera recelos sobre el control gubernamental del debate público. Por otro lado, la efectividad del registro de medios dependerá de que las comunidades autónomas y ayuntamientos de todos los signos políticos colaboren y no oculten el reparto a dedo de su publicidad institucional.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se puede exigir su cumplimiento ni está en vigor. El texto inicia ahora su trámite parlamentario en el Congreso y en el Senado, donde los partidos negociarán posibles enmiendas antes de su aprobación definitiva y publicación en el BOE.

Compartir noticia:
Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación

Redacción burocrática original:

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes, para su tramitación parlamentaria, del proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. El texto fue presentado por el Gobierno el pasado 25 de febrero y se enmarca en las actuaciones incluidas en el Plan de Acción por la Democracia. El ministro para la Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha recordado que España fue el primer país en aprobar una Carta de Derechos Digitales, y ha indicado que el proyecto adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea en la materia. López ha detallado que modifica tres leyes actuales: la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Entre las novedades que presenta la futura ley, el ministro ha señalado que la CNMC será organismo coordinador de servicios digitales, para lo que reforzará sus competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales. La CNMC tendrá competencias sobre todas aquellas plataformas nacionales y que tengan menos de 45 millones de usuarios, a las que podrá aplicar las sanciones derivadas de la legislación europea. Óscar López ha señalado que las plataformas estatales estarán obligadas a tener canales para que los usuarios puedan denunciar contenidos ilícitos. Además, se avanzará en la transparencia algorítmica y para reforzar la seguridad de los menores en los entornos digitales. Asimismo, la CNMC certificará a las personas físicas o jurídicas que formarán parte de la red europea de alertadores o verificadores fiables. Este organismo también evaluará cualquier compra de medios para evitar su concentración y reforzar el pluralismo. Por otra parte, para garantizar transparencia y el derecho a la información de los ciudadanos, se creará un registro estatal de medios de comunicación de carácter público, dependiente de la CNMC, en el que tendrán que inscribirse y mantener actualizada la información sobre su propiedad y la inversión publicitaria pública que reciben tanto nacional como extranjera. Además, se crearán registros autonómicos coordinados con el registro estatal. La Agencia Española de Protección de Datos supervisará que se cumpla la prohibición de publicidad basada en datos como la ideología, la afiliación sindical, la religión, la orientación sexual o el origen racial, así como la de crear perfiles de menores con fines publicitarios. El ministro ha concluido su intervención subrayando que con esta ley se completa el triple escudo de protección digital a los ciudadanos formado por el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento de Medios de Comunicación: "Tres normas europeas que nos protegen y nos amparan. No se trata de que la democracia defienda el pluralismo y los derechos digitales, sino que también se defienda del acoso, de la manipulación o del odio".