Promesa de 7.000 millones para vivienda a partir de 2026, pero atada al dinero de las autonomías

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha expuesto los avances logrados en la materia desde que Pedro Sánchez preside el Gobierno y ha avanzado las líneas del futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El Ejecutivo apuesta por una política integral y parte de la convicción de que solo desde lo público se garantiza y se consolida el derecho a la vivienda digna a precios asequibles, según ha subrayado la ministra. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez Rodríguez ha anunciado que el Ejecutivo trabaja sobre tres líneas estratégicas "con absoluto consenso social, académico y también cada vez más político": mayor oferta pública de vivienda con carácter permanente, mejor regulación y mayores ayudas. El futuro Plan Estatal de Vivienda aborda la cuestión de la vivienda sin perder la perspectiva de la que se partía: ejecutivos anteriores habían reducido la construcción de vivienda protegida al mínimo y ahora se ha activado la construcción de un parque público que hay que consolidar. Así, en el último año se ha construido "un 60% más de vivienda protegida frente a un 13% más de vivienda libre", ha remarcado la ministra. Además, se está acortando el déficit de 600.000 viviendas a entre 400.000 y 450.000. No obstante, Isabel Rodríguez ha mantenido que es necesario ir más rápido, por lo que ha instado a todas las administraciones públicas, en especial a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, a que contribuyan a acelerar la construcción del parque público agilizando, entre otras medidas, la tramitación administrativa de las licencias de obra. La ministra ha anunciado que el próximo Plan Estatal de Vivienda tendrá una financiación de 7.000 millones de euros, lo que triplica la inversión del plan actual. "Necesitamos muchos recursos para hacer las casas que necesita nuestro país. Por tanto, planteamos un esfuerzo coherente con el reparto competencial que indica la Constitución Española: un 60% del Estado, absolutamente implicado, y un 40% las comunidades autónomas que tienen esa competencia", ha concretado. La aspiración del Gobierno, ha añadido Isabel Rodríguez, es llegar cuanto antes al estándar europeo del 8% de vivienda protegida con carácter permanente. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, junto a las ministras de Educación, Formación Profesional y Deportes, de Vivienda y Agenda Urbana, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez Por otra parte, la ministra ha defendido hacer un esfuerzo en el ámbito de la rehabilitación: "Nuestro parque público y nuestro parque de vivienda en general es un parque antiguo que necesita rehabilitación, además, en base a parámetros de eficiencia energética y de accesibilidad". Otras actuaciones se dirigen a atender las necesidades de vivienda de la población joven para reducir la edad de emancipación, a que las familias no dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar una vivienda y a revertir las zonas de mercado tensionadas. Para alcanzar estos objetivos, Isabel Rodríguez ha concretado que el plan destinará una dotación económica del 40% del total para incrementar la oferta pública protegida y asequible. Una cuantía del 30% se dirigirá a programas de rehabilitación de vivienda y rehabilitación de los barrios. El otro 30% irá a ayudas para la emancipación de los jóvenes, para reducir la tasa de esfuerzo financiero familiar y revertir las zonas tensionadas. La ministra también ha avanzado que se incorpora la ayuda al alquiler con opción a compra dentro del parque público de vivienda: "No se podrá especular nunca con estas viviendas y estaremos dando tranquilidad y seguridad a quienes adquieren definitivamente una vivienda en propiedad dentro del parque público". Rodríguez también ha señalado que se reforzarán las líneas de ayuda para rehabilitar y comprar vivienda en el medio rural porque se está detectando que en esas zonas muchas viviendas vacías no están adaptadas para entrar a vivir de manera inmediata. La titular de Vivienda ha concluido reiterando a las administraciones públicas, a los promotores de vivienda y a los agentes sociales la necesidad de que participen en la mejora del documento con el objetivo de que pueda estar listo a finales de diciembre y entre en vigor en 2026.