El Gobierno castigará con hasta 3 años de cárcel la violencia vicaria para frenar los ataques a madres a través de sus hijos

Los objetivos de la futura ley son tres, según ha detallado la ministra: cumplir el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito de la violencia vicaria; definirla e incorporarla al ordenamiento jurídico y, sobre todo, proteger a las víctimas y concienciar a la sociedad contra "estas violencias tan radicales, salvajes y absolutamente inconcebibles". Ana Redondo ha explicado que el texto modifica otras leyes que afectan a la violencia vicaria, fundamentalmente la Ley Integral contra la Violencia de Género, de la que se ha celebrado recientemente el vigésimo aniversario, pero también el Código Penal, el Código Civil y las leyes sobre el enjuiciamiento civil, el Poder Judicial y la protección jurídica del menor. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/ Cesar Porras El anteproyecto identifica la violencia vicaria como aquella que se ejerce sobre la mujer por parte de su pareja o expareja a través de una persona interpuesta con el fin de vulnerar su integridad moral. Esas personas interpuestas pueden ser los menores, los descendientes, los mayores con discapacidad sometidos a la patria potestad o custodia, los ascendientes, los hermanos o la pareja actual de la víctima. Con la reforma, esta violencia queda tipificada con un nuevo artículo en el Código Penal que establece dos tipos, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: uno general de violencia vicaria en el ámbito de la violencia doméstica, con penas privativas de libertad de seis meses y un día a tres años, y un tipo agravado en el contexto de la violencia de género, con penas de un año y medio a tres años. Además, se incorpora como pena accesoria la prohibición de portar armas entre tres y cinco años. La titular de Igualdad ha subrayado otra pena accesoria que se incorpora al Código Penal: el juez valorará la prohibición de publicar aquellos contenidos directamente relacionados con los hechos delictivos que puedan afectar a la integridad moral de la víctima. La reforma refuerza, además, la obligación de escuchar al menor antes de acordar un régimen de guardia y custodia. La única excepción, que exigirá una especial motivación por parte del juez, serán aquellos casos donde la escucha sea imposible o interfiera clara y directamente con el interés superior del menor. Por otra parte, el anteproyecto incorpora planes de sensibilización contra la violencia vicaria, en línea con los que existen respecto a la violencia de género. Igualmente, incide en la formación de los jueces y fiscales sobre la violencia vicaria, incluyéndola en la oferta formativa del Consejo General del Poder Judicial y en el acceso y promoción de las carreras judicial y fiscal. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/ Cesar Porras Este conjunto de medidas pretende, en palabras de Ana Redondo, "situar a España nuevamente a la vanguardia en las políticas de defensa de la igualdad real de oportunidades, cuando la violencia de género sigue siendo uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las mujeres y la sociedad y la democracia española".