Cuatro de cada cinco abortos se derivan a la privada: Sanidad presiona a las autonomías para que asuman las intervenciones en hospitales públicos

Mónica García también ha presentado al Consejo de Ministros el informe 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que evalúa la evolución y situación actual de esta prestación sanitaria en el sistema público de salud. La titular de Sanidad ha resaltado que el informe concluye que "integrar el aborto en la sanidad pública no solamente es posible, sino que además funciona", que existe una desigualdad territorial en el acceso a la red pública y que las buenas prácticas están identificadas. Durante su comparecencia en la rueda posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha explicado que uno de los retos del Gobierno es homogeneizar el acceso en todo el territorio. Y, en este sentido, ha instado a las comunidades autónomas más rezagadas a que cumplan la ley e integren la IVE en la sanidad pública. El informe refleja que es clave que el aborto se lleve a cabo en la sanidad pública con el objetivo de evitar que las comunidades paguen a clínicas privadas para que los realicen, y para que las mujeres no sean expulsadas del sistema público y quede garantizado su derecho a la elección. "Las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos que se nos realice en un centro público o en un privado acreditado, y esta decisión no puede depender del territorio donde se viva o donde se tenga la residencia", ha remarcado la ministra. Mónica García ha añadido que la sanidad pública puede garantizar la continuidad asistencial y romper la paradoja de que tres de cada cuatro mujeres se informen en centros públicos y cuatro de cada cinco acaben abortando en la privada. El documento evidencia que el 21,2% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros públicos en 2024, frente al 78,8% en centros privados. Y que cuatro comunidades autónomas (Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra) superan el 75% de abortos en centros públicos, mientras que en 11 comunidades y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el porcentaje no llega al 10%. La ministra ha incidido en que en la comunidad de Madrid sólo el 0,47% de las interrupciones se realizan en centros públicos y en Andalucía sólo el 0,2%. Si estas dos comunidades, ha apuntado, alcanzaran un nivel medio de prestación pública como el resto - en torno al 50% de media- el porcentaje nacional se duplicaría y superaría el 40%: "Con el cambio en esas dos comunidades, el conjunto del país daría un salto histórico en la integración del aborto en la sanidad pública". El informe muestra que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo -el 77%- se realiza antes de la semana ocho. Los abortos realizados en estadios más avanzados se concentran en mayor medida en centros públicos, "lo que garantiza la continuidad asistencial en estos casos clínicos, que son los más graves y complejos", ha indicado Mónica García. El texto también recoge que en las comunidades donde el aborto se integra en un sistema público predomina el método farmacológico para interrumpir el embarazo, mientras que en las que la prestación recae en centros privados, predomina el método quirúrgico. Por otra parte, la titular de Sanidad ha destacado que el informe identifica buenas prácticas clínicas, como gestionar bien los registros de objetores de conciencia y repartir al personal de forma equilibrada para que no falten profesionales en ningún centro. También recomienda usar el método farmacológico en los abortos tempranos, garantizar la libertad de elección de las mujeres, organizar redes de centros repartidos en todo el territorio para que la atención sea más cercana y continuada, así como asegurar que los abortos en gestaciones más avanzadas se realicen en hospitales públicos.