Subidón de hasta el 11,4% para las pensiones mínimas y el Ingreso Mínimo Vital en 2026

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, posa como nueva portavoz del Gobierno en las escalinatas del edificio del Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa La portavoz del Ejecutivo ha recordado durante su intervención que en 2018 la revalorización no estaba garantizada, una situación que derivó en una "respuesta social y política" tras la que se estableció un nuevo marco para revalorizarlas por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) hasta garantizar unos umbrales mínimos de renta. En este contexto, Saiz ha anunciado que en 2026 las pensiones mínimas se incrementarán más de un 7%, un porcentaje que en el caso de algunas pensiones -como las mínimas con cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares- será aún más elevado y llegará al 11,4%. Las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital se revalorizarán también un 11,4%, tal y como ha explicado Saiz, que asegura que esta medida constituye "una prueba más del compromiso del Gobierno de estar al lado de las personas que más lo necesitan". "Nuestro sistema, que es solidario y contributivo, supone un escudo fundamental para muchas familias", ha recalcado la ministra, que ha citado un estudio de APN según el cual las pensiones salvan de la pobreza a casi 8 millones de personas y reducen dicha tasa nacional en 16,4 puntos porcentuales. El texto aprobado por el Consejo de Ministros desarrolla, además, otras medidas correspondientes a la Seguridad Social, entre las que Elma Saiz ha destacado las dirigidas a los colectivos de agentes medioambientales, bomberos forestales y personal sanitario. En relación con los dos primeros colectivos, que según Saiz "se juegan la vida cada año para proteger nuestros pueblos, bosques y casas ante devastadores incendios", se ha aprobado la cotización adicional para que agentes medioambientales y bomberos forestales puedan anticipar su jubilación, "una medida que es justa y de la que me siento especialmente orgullosa", ha añadido. Por otra parte, como respuesta a la notable acogida que ha tenido esta iniciativa, se ha ampliado durante un año más la posibilidad de que los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con su trabajo. "Lo hacemos porque creemos que es beneficioso y, además, ha dado unos resultados muy favorables: entre 2023 y 2025 más de 1.200 profesionales que se han acogido a esta medida", ha concluido Saiz. El real decreto-ley aprobado recoge también aspectos técnicos, como la actualización de las bases de cotización del sistema de seguridad social y la tabla de cotización para los trabajadores autónomos para el año 2026, que no sufre cambios respecto a 2025. Además, se amplía durante 2026 la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como las compensaciones por parte del arrendador o propietario afectado. En materia energética, el nuevo Real Decreto-ley mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para los consumidores con la condición de vulnerables, así como los niveles de descuento del bono social eléctrico vigentes, fijados en el 42,5% para los vulnerables y en el 57,5% para los vulnerables severos. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, explica los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa Otras medidas que afectan al ámbito energético que se mantienen hasta que concluya el próximo 2026 son los incentivos fiscales a particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos, instalar un punto de recarga eléctrica, manteniéndose las deducciones de hasta el 15% en el IRPF, o para obras de eficiencia energética y reformas para rehabilitar viviendas o edificios, con deducciones del 20%, 40% o 60%. Asimismo se establece una nueva exención del IRPF para las indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales del pasado verano en varias comunidades autónomas, junto a la prórroga de las ayudas destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana, a las que se añaden las exenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades que se aplican a los profesionales y empresas afectadas. Para reforzar la reconstrucción, entre otras medidas, se prolonga para 2026 la autorización excepcional a la Comunidad Valenciana para que pueda llevar a cabo nuevas operaciones de endeudamiento.