Freno a los hospitales privatizados y nuevo control a productos sanitarios y asociaciones de pacientes

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez El Consejo de Ministros ha abordado tres iniciativas "nucleares" para el sistema sanitario, según ha afirmado la ministra de Sanidad, Mónica García: el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes y un real decreto sobre productos sanitarios. La ministra ha calificado el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública como "un triunfo de la sociedad civil" frente a la privatización de la sanidad pública, manifestada en prácticas que no son "casos aislados", sino "un problema estructural". El marco normativo ha permitido orientar la gestión de la sanidad pública hacia el beneficio económico en vez de hacia el cuidado de la salud, ha sostenido García, quien ha recordado la evidencia científica de que la privatización merma la calidad de la asistencia de los pacientes. "Esto es a lo que esta ley viene a poner coto. Es la primera ley que establece de forma inequívoca que la gestión pública directa es la forma preferente del sistema de gestión de nuestro Sistema Nacional de Salud", ha manifestado la ministra. La norma prohíbe expresamente las concesiones a través de las cuales una administración encarga a una empresa la construcción de un hospital y le paga durante 20, 30 o 35 años un canon que repercute en los presupuestos públicos, con "sobrecostes que son absolutamente inaceptables", ha destacado Mónica García. La ministra ha apuntado como un "gran avance" que la gestión indirecta quede limitada a casos excepcionales, cuando se demuestre que un servicio no se puede prestar directamente desde los servicios públicos, que financieramente es viable y que no perjudica ni al interés social ni al propio sistema público. García ha aclarado que la ley no va en contra de fórmulas sin ánimo de lucro ni contra los modelos de colaboración público-privada "sanos". Lo que se excluye -ha precisado- son los modelos que combinan la concesión de obra y la prestación sanitaria con ánimo de lucro. Además, cualquier iniciativa en ese sentido tendrá que someterse a una evaluación rigurosa, y externalizar cualquier servicio exigirá demostrar que no puede prestarse con medios propios. La norma busca también reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático de la gestión sanitaria. Todos los centros sanitarios estarán sujetos a las mismas exigencias de información pública, con independencia de su modelo de gestión. "Cada euro público deberá explicarse en términos de salud", ha subrayado la titular de Sanidad. Otra clave de la ley es que facilita la reversión a la gestión pública tras la finalización de un contrato, ya que establece procedimientos claros, así como el apoyo técnico para que se realice con seguridad jurídica. En definitiva, ha resumido Mónica García, la norma "acaba con los modelos de concesión de obra y servicios que convierten la atención en un negocio y establece, de una vez por todas, que la sanidad pública se gestiona para cuidar mejor y no para ganar dinero". El objetivo del segundo anteproyecto presentado en el Consejo de Ministros, el de la Ley de las Organizaciones de Pacientes, parte de la premisa de que el sistema sanitario no puede adoptar decisiones al margen de la voz de los pacientes, según ha explicado Mónica García. Con la nueva norma, esa voz pasa de ser un elemento informal, voluntarista o puntual a integrarse en un marco jurídico que reconoce los deberes y los derechos de las organizaciones de pacientes. Estas deben explicar, por tanto, cuál es su financiación y sus posibles conflictos de intereses para poder participar en la toma de decisiones, desde el establecimiento de estrategias a la evaluación de tecnologías sanitarias o de investigación clínica. La ministra ha resaltado que la norma da espacio también a las organizaciones de pacientes pequeñas, por ejemplo, las de quienes sufren enfermedades raras. Por último, el Gobierno ha actualizado la regulación sobre la financiación y la evaluación de los productos sanitarios. La titular de Sanidad ha señalado que la falta de este real decreto ha llevado, en ocasiones, al desabastecimiento de estos productos, que se venden en las farmacias y abarcan desde bolsas de orina o sondas a material para las curas y pañales. El texto, que sustituye a la normativa vigente desde 1996, "pone el foco en el valor de la salud y no en la lógica del mercado y garantiza que los productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud mejoran la vida de las personas y lo hacen de manera equitativa y sostenible", según ha manifestado Mónica García.