Veto de hasta 20 años a empresas corruptas y lupa a las donaciones a partidos desde 2.500 euros

El Gobierno lanza un borrador contra la corrupción que crea una nueva agencia pública, alarga los plazos para juzgar delitos y facilita el embargo rápido de bienes a los defraudadores.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El primer borrador de la futura Ley de Integridad Pública, un paquete de 84 medidas contra la corrupción política y económica. Entre los puntos clave: vetar a empresas condenadas para que no reciban contratos ni ayudas públicas durante 15 a 20 años, obligar a partidos y fundaciones a hacer públicas donaciones desde 2.500 euros (frente a los 25.000 actuales), elevar la prescripción de delitos de corrupción de 5 a 7 años, crear una Agencia Independiente de Integridad Pública y permitir el embargo de bienes desde el inicio de las investigaciones.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.

¿Quién sale ganando con esto?

Los ciudadanos y las empresas honestas que compiten limpiamente por licitaciones públicas. También las arcas públicas, al reforzarse las herramientas para recuperar el dinero mangado mediante embargos tempranos a los investigados.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! Por ahora es solo un anteproyecto, es decir, una propuesta inicial del Gobierno que todavía tiene que pasar por el Congreso y el Senado, donde puede sufrir modificaciones, rebajas o quedar atascada. Además, la eficacia de la futura "Agencia Independiente" dependerá de que realmente no acabe copada por cargos políticos y de que la Justicia tenga medios suficientes para tramitar los casos a tiempo.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no está vigente ni tiene aplicación inmediata. Tendrá que recorrer todo el trámite parlamentario, aprobarse en las Cortes y publicarse en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública

Redacción burocrática original:

El Consejo de Ministros ha abordado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma que forma parte del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupciónaprobado por el Gobierno. El texto analizado hoy contiene 84 medidas destinadas a combatir la corrupción política y económica en el ámbito público. De entre estas iniciativas, María Jesús Montero ha resaltado la creación de un registro de empresas con prohibiciones para contratar con la Administración que será público y accesible. Además, las empresas condenadas por prácticas corruptas estarán inhabilitadas para contratar con la Administración de 15 a 20 años y no podrán recibir subvenciones ni beneficios fiscales. Otra novedad apuntada por la vicepresidenta es que se endurece el control y la transparencia en las donaciones de partidos políticos y fundaciones. Estarán obligados a publicar las donaciones que superen los 2.500 euros rente a los 25.000 actuales. Igualmente, la futura ley recoge la creación de la denominada Agencia Independiente de Integridad Pública, que será el organismo responsable de coordinar a España en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude. En el ámbito penal, Montero ha anticipado que el plazo de prescripción de los delitos de corrupción pasará de 5 a 7 años. Además, con el objetivo de recuperar el dinero malversado, se refuerza el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, así como la capacidad del Estado para embargar bienes desde el inicio de la investigación .