Volver a PortadaReunión del Consejo: 24-02-2026
24-02-20262 min de lectura1 visitas

Tope al dinero público en los medios: ningún periódico o televisión podrá vivir más de un 35% de la publicidad institucional

El Gobierno prepara una nueva ley para limitar el reparto de anuncios públicos a dedo y obligar a todas las administraciones a publicar a quién pagan con tus impuestos.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

Han presentado el primer borrador de la futura Ley de Publicidad del Sector Público. El objetivo es fijar normas claras a cómo el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos reparten los anuncios institucionales en prensa, radio, televisión y redes sociales, limitando que un gran medio de comunicación reciba más del 35% de sus ingresos anuales del dinero público.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio para controlar el dinero que las distintas administraciones ya se gastan habitualmente en campañas de publicidad.

¿Quién sale ganando con esto?

En teoría, ganan los ciudadanos y la transparencia democrática, ya que se obligará a publicar un informe anual con el dinero exacto que se lleva cada medio. También salen ganando los medios locales y regionales pequeños (los que facturen menos de 2 millones de euros), a los que no se les aplicará este límite para evitar su asfixia económica.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! La trampa está en las excepciones y en el control real. Al dejar fuera del límite del 35% a los medios locales que facturen menos de 2 millones de euros, muchos ayuntamientos y diputaciones podrán seguir regando con dinero público a medios afines a nivel comarcal. Además, la eficacia de esta norma dependerá de que la CNMC tenga los inspectores y recursos suficientes para fiscalizar las audiencias reales y las tarifas publicitarias que cobran los grupos mediáticos.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se aplica. Al ser un anteproyecto de ley, todavía tiene que pasar por el dictamen de varios órganos consultivos, ser aprobado formalmente como proyecto de ley y superar toda la tramitación y votación en el Congreso y el Senado antes de salir en el BOE.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Futura ley de Publicidad del Sector Público

Redacción burocrática original:

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Javier Amescua El Consejo de Ministros ha abordado el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público. La futura norma responde a la necesidad de adaptar la legislación española al reglamento europeo en la materia y sustituirá a la actual ley de Publicidad Institucional vigente desde 2005. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha explicado que los cambios en el mercado publicitario tras la aparición de las plataformas digitales que compiten en el mercado con los medios de comunicación tradicionales justifican la actualización de la ley. Óscar López ha argumentado que "la publicidad del sector público cumple un papel esencial de información a los ciudadanos, pero no se puede convertir nunca en un medio de compra de medios". Por lo tanto, ha añadido, la norma tiene dos objetivos: garantizar la transparencia de las administraciones públicas para que los ciudadanos sepan a qué se destina el dinero que pagan con sus impuestos, a qué campañas y medios de comunicación, y garantizar la independencia real económica de los medios. La futura ley regula la publicidad del sector público tanto en los medios tradicionales como en las plataformas en línea, que tendrán que inscribirse en un registro público de medios si quieren recibir publicidad institucional. El texto establece que un mismo medio o plataforma no puede superar el 35% de publicidad pública de su cifra anual de negocio o de la del grupo al que pertenezca. Óscar López ha aclarado: "Si un medio recibe publicidad del ayuntamiento, de la comunidad autónoma y del Gobierno, la suma de todas las inversiones en publicidad del sector público no puede superar el 35%". El ministro ha resaltado que este límite no se aplicará a los medios o plataformas que facturen menos de dos millones de euros y cuya audiencia se concentre en, al menos, en un 70% en el ámbito de hasta tres comunidades autónomas limítrofes: "Hemos establecido una cláusula para salvaguardar a los medios locales porque España tiene un ecosistema de medios locales muy fuerte comparado con otros países de nuestro entorno". La nueva regulación establece un sistema transparente de medición de audiencias, en línea con lo establecido en el reglamento europeo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hará el seguimiento de la asignación del gasto en publicidad. "Tiene que haber transparencia en las tarifas publicitarias que aplican los medios de comunicación", ha remarcado el ministro. López también ha subrayado que el Gobierno tendrá la obligación de publicar una vez al año el destino de su inversión publicitaria, al igual que el resto de las administraciones, y presentará a las Cortes un informe anual de publicidad.