Blindaje a empresas de agua, luz y transporte frente a sabotajes y 26 millones para acoger a 1.200 refugiados

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Fernando Calvo El Gobierno ha aprobado remitir a las Cortes, para su tramitación parlamentaria, el proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, que son aquellas que prestan servicios esenciales en los sectores considerados estratégicos, como la energía, el transporte, el agua o la sanidad. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que presentó la norma en mayo de 2025, ha recordado que el objetivo es apoyar a las entidades públicas o privadas que operan con las infraestructuras críticas: "Queremos ayudarles a estar mejor equipadas para hacer frente a los riesgos que puedan perturbar los servicios esenciales que prestan. Son servicios indispensables para mantener las funciones sociales o las actividades económicas vitales, no solo en el ámbito nacional, sino también dentro de la Unión Europea". En este contexto, Grande-Marlaska ha anticipado que la futura ley incorpora al ordenamiento jurídico nacional la directiva europea más reciente en la materia para "dotarnos de mecanismos de protección ante un panorama de amenazas cada vez más dinámicas y complejas, desde fenómenos naturales hasta sabotajes, pasando por riesgos meteorológicos y amenazas híbridas, y hacerlo siempre en un entorno de crecientes interdependencias entre las infraestructuras y los sectores implicados". La norma define e identifica las entidades críticas mediante los criterios que se fijarán en la Estrategia Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas y en la Evaluación de Amenazas y Riesgos, documentos que se elaborarán próximamente y se actualizarán cada cuatro años. El titular de Interior ha señalado que la Secretaría de Estado de Seguridad elaborará, custodiará y mantendrá actualizado el catálogo de las entidades consideradas estratégicas. Además de sectores tradicionales como la energía, la salud o el transporte, este catálogo incorporará nuevos sectores como el hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada o las aguas residuales, entre otros. Las entidades u organismos públicos o privados recogidos en el catálogo deberán cumplir una serie de requisitos para reforzar su protección y minimizar los riesgos de que se produzca una perturbación en los servicios esenciales que prestan. El ministro ha remarcado que deberán elaborar un plan de resiliencia que incluya medidas de protección físicas y de respuesta y mitigación frente a cualquier tipo de incidente. Establecerán un sistema de comprobación de antecedentes personales de sus empleados para garantizar su idoneidad para el puesto. Designarán un responsable de seguridad y resiliencia de la entidad como punto de contacto con las autoridades competentes e implantarán un sistema de notificación de incidentes. La Secretaría de Estado de Seguridad seguirá siendo la autoridad nacional competente en la materia y a ella estará adscrito el Centro Nacional para la Protección y la Resiliencia de las Entidades Críticas, que asumirá la interlocución directa con estas entidades y será el punto de contacto único para la cooperación transfronteriza con los Estados de la Unión Europea. Por otra parte, Fernando Grande-Marlaska ha apuntado que las entidades pertenecientes a los sectores bancarios, de los mercados financieros, de seguros y de las infraestructuras digitales, aunque puedan considerarse críticas, quedan excluidas del ámbito de aplicación de la norma porque están reguladas por su normativa específica, según ha avanzado el ministro. Lo mismo ocurre con las entidades dependientes del Ministerio de Defensa, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas, que se regirán por su propia normativa. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha explicado que el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados en España para 2026, con un total de 1.200 plazas. Tal y como ha explicado la ministra, este programa de protección internacional traslada a refugiados en situación de alta vulnerabilidad desde un primer país de asilo a otro que pueda garantizar la protección requerida. España participa desde 2011 en esta iniciativa, que en los últimos cuatro años ha reasentado a 3.600 refugiados en nuestro país. La inversión prevista por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asciende a 26 millones de euros y cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para garantizar la protección duradera a las personas reasentadas. También en el ámbito de Migraciones, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra cada 21 de marzo. Elma Saiz ha destacado en este punto la labor del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) y la necesidad del refuerzo de herramientas de monitorización como FARO o la plataforma Hodio, recientemente presentada por el presidente del Gobierno.