Adiós a las facturas en papel: el Gobierno obligará a autónomos y empresas a facturar por internet para vigilar la morosidad

En primer lugar, el Ejecutivo ha establecido, a través de un real decreto, la obligatoriedad de la factura electrónica para las transacciones entre empresas y profesionales. El ministro ha explicado que la norma parte del diagnóstico de que uno de los obstáculos para el crecimiento de las empresas españolas es la falta de liquidez, debida en gran medida a que los períodos medios de pago se sitúan en torno a los 80 días. Además, el porcentaje de facturas que se pagan a tiempo en las grandes empresas no llega ni al 20%, mientras que en las pymes o las microempresas alcanza el 50%. "Es algo que afecta particularmente a nuestras pymes y a lo que tenemos que dar respuesta", ha señalado Cuerpo. El objetivo del real decreto es automatizar los procesos de facturación, imponiendo un formato estructurado que se pueda leer directamente por los programas de facturación y que incluya información sobre el estado de las facturas. El titular de Economía ha destacado que sectores como el gran consumo, el automóvil o las agencias de viajes han adoptado la facturación electrónica en los últimos años y que los 500-550 millones de facturas en formato electrónico anuales ahorran a las empresas unos 2.700 millones de euros. Si el número de facturas electrónicas llegara a los 2 millones, como ocurre en Italia, el ahorro superaría los 8.000 millones. Avanzar en la facturación electrónica, por tanto, aliviaría las necesidades de liquidez de las empresas, que podrían aumentar de ese modo sus inversiones y crecer. Carlos Cuerpo ha detallado que las empresas contarán con dos opciones para la facturación electrónica. La primera son las plataformas privadas que ya existen en España; la norma regula, en este caso, la obligatoriedad de la interconexión y de la interoperabilidad entre las distintas plataformas para que cada empresa necesite una sola plataforma tanto para las facturas emitidas como para las recibidas. La segunda opción es una plataforma pública que va a desarrollar la Agencia Tributaria. El ministro ha resaltado la utilidad de esta solución pública para las empresas que todavía no han avanzado en este ámbito, ya que podrán emplear los mecanismos de validación y de verificación de su identidad que ya usan con la Agencia Tributaria. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa Para facilitar la adopción del sistema, el real decreto establece un período transitorio amplio y adaptado al tamaño de las compañías. Las empresas y los profesionales que facturen más de 8 millones de euros al año contarán con un año para implementarlo; el plazo para el resto será de 2 años. Ese período empezará a contar cuando el Ministerio de Hacienda publique una orden ministerial que regule los aspectos técnicos de la plataforma pública. Carlos Cuerpo ha estimado que la solución pública "pueda iniciar su camino antes de las vacaciones de verano".