El Gobierno propone blindar el derecho al aborto en la Constitución

Ana Redondo ha sintetizado la motivación de la reforma constitucional en tres razones. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa En primer lugar, se trata de responder al "movimiento ultrarreacionario que ha puesto en la diana los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a nivel global y también en nuestro país", según ha indicado la ministra. Redondo ha subrayado que, frente a ese movimiento institucionalizado en contra de las leyes de interrupción voluntaria del embarazo, la inmensa mayoría de la sociedad española es favorable a ese derecho. El proyecto busca, en segundo lugar, reforzar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y aumentar las razones jurídicas para el aval del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. La tercera razón esgrimida por la titular de Igualdad es la coherencia: "Somos una ciudadanía que abraza la democracia, los derechos de las mujeres y la igualdad, y tenemos que blindarla también en la Constitución". Ana Redondo ha remarcado que la legislación española ha ido avanzando en el reconocimiento del derecho de las mujeres sobre su propio proyecto vital, desde la ley de 1985 sobre la despenalización de determinados supuestos del aborto hasta la reforma del año 2023. España es un referente en materia de igualdad y, con este proyecto, sigue a otros países avanzados como Francia o Luxemburgo, ha argumentado la ministra. Al formar parte el artículo 43 del capítulo relativo a los principios rectores de la política social y económica, su modificación debe realizarse a través del procedimiento de reforma ordinaria, el mismo que se ha seguido en las tres reformas de la Constitución aprobadas hasta la fecha. El cambio, según ha reconocido Ana Redondo, "exige mayorías cualificadas, grandes consensos y mucho diálogo". En concreto, requerirá el apoyo de, al menos, las tres quintas partes tanto del Congreso de los Diputados como del Senado; si no se llega a una mayoría tan amplia, una comisión paritaria Congreso-Senado volverá a redactar y a proponer un texto que será votado nuevamente. Si tampoco sale delante de esa manera, la reforma podrá aprobarse con el voto favorable de dos tercios del Congreso y la mayoría absoluta del Senado. Además, una décima parte de los diputados o de los senadores podrá solicitar un referéndum de ratificación de la propuesta.