Menos alumnos por clase y menos horas para los profesores: el plan escolar que tardará años en llegar a las aulas

El Gobierno envía a las Cortes una ley para rebajar las ratios en Primaria y Secundaria y reducir el horario lectivo docente, aunque no estará implantada al 100% hasta el curso 2031-2032.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al envío al Congreso de un proyecto de ley para blindar mejores condiciones laborales a los profesores de la enseñanza no universitaria y bajar el número de estudiantes por aula. En la práctica, se fija una reducción de 25 a 22 alumnos por clase en Primaria y de 30 a 25 en Secundaria, además de computar a cada alumno con necesidades especiales como dos plazas. También se recortan las horas máximas de clase directa que puede dar un docente: 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Especial, y 18 horas en Secundaria, Bachillerato y FP.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio. Sin embargo, su aplicación real obligará en el futuro a ampliar las plantillas docentes para cubrir los mismos grupos con menos horas lectivas por profesor.

¿Quién sale ganando con esto?

Salen ganando los docentes de la educación pública no universitaria, que verán rebajada su carga de trabajo en el aula para tener más tiempo de preparación y tutorías, y los alumnos con necesidades educativas especiales, cuya presencia reducirá el tamaño del grupo para recibir una atención más personalizada.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

Hay dos grandes puntos a tener en cuenta. El primero es el calendario: no esperes ver aulas reducidas de la noche a la mañana, ya que el Gobierno plantea una aplicación progresiva que no culminará hasta el curso 2031-2032. El segundo es la financiación y la gestión autonómica: las competencias de Educación están transferidas a las Comunidades Autónomas, por lo que serán los gobiernos regionales quienes deban asumir el coste real de contratar a miles de nuevos profesores para cumplir estos topes.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se puede solicitar ni está en vigor. Se trata únicamente de un proyecto de ley que ahora inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado, donde los grupos políticos podrán meter enmiendas antes de su aprobación definitiva.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Mejora de las condiciones de los docentes y la enseñanza no universitaria

Redacción burocrática original:

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/César P. Sendra El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes un proyecto de ley para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado no universitario y lograr una atención más individualizada de los alumnos. El objetivo de la norma es corregir las desigualdades detectadas entre autonomías La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha recalcado que esta iba a ser la legislatura del profesorado y que ese compromiso se está cumpliendo porque la reforma parte de una convicción: "Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, mejoramos la educación de nuestro país y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes". Milagros Tolón ha añadido que la reforma tiene un componente de justicia porque revierte los recortes educativos introducidos en 2012 que afectaron, en particular, a los docentes. En este sentido, la ministra ha expuesto dos medidas que se implantarán de forma progresiva con el objetivo de que estén plenamente en funcionamiento en el curso 2031-2032. En primer lugar, se reducen las ratios por aula. En Primaria se pasa de 25 alumnos a 22 alumnos por aula y en Secundaria de 30 a 25. Tolón ha afirmado que se incorpora un criterio de equidad: "Cada alumno con necesidades especiales contará como dos plazas y esto permitirá ajustar muchísimo mejor la realidad de las aulas y garantizar una atención mucho más justa y personalizada". En segundo lugar, se reduce la carga lectiva. La futura ley fija, con carácter general, la jornada lectiva de los profesores en un máximo de 23 horas en los centros de Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 horas en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. "Esto no es una simple cuestión técnica, es una apuesta por dar mucho más tiempo al profesorado para preparar sus clases, atender a su alumnado y desarrollar su trabajo de una forma más digna", ha remarcado Tolón. La titular de Educación ha resaltado que el proyecto es fruto del consenso con la comunidad educativa y que el Consejo Escolar del Estado dictaminó el pasado 12 de febrero a favor del documento. "No es una decisión unilateral, es un avance compartido que se ha llevado a cabo con la participación de las comunidades autónomas". La ministra ha anunciado que el Ejecutivo también está trabajando para mejorar la calidad de la enseñanza y las condiciones del profesorado en materia de competencias profesionales docentes, así como en los sistemas selectivos de ingreso a la función pública docente y en la formación permanente. Además, se está avanzando en la puesta en marcha de una Inteligencia Artificial soberana para reducir la carga burocrática.