7.000 millones para vivienda: ayudas de hasta 300 euros al alquiler, pero el 40% del dinero depende de las autonomías

Isabel Rodríguez ha explicado que el plan se basa en una serie de objetivos evaluables que son "desafíos de país". El principal es ampliar el parque público de vivienda, pero también es fundamental mejorar el que ya existe en ámbitos como la eficiencia energética y la accesibilidad. El plan pretende, igualmente, rebajar la edad de emancipación de los jóvenes, reducir la tasa de esfuerzo de las familias en el alquiler y en la cuota hipotecaria, revertir la situación en las zonas más tensionadas y atender al mundo rural. Los tres ejes de acción para alcanzar esos objetivos son construir más vivienda pública, rehabilitar y movilizar el parque actual e incrementar las ayudas para las personas con más dificultades para acceder a la vivienda. El plan está dotado con 7.000 millones de euros, lo que supone triplicar la inversión inicial del anterior en las políticas de corresponsabilidad con las comunidades autónomas (el Gobierno aportará el 60% de los fondos y las comunidades autónomas el 40% restante). Esa financiación, ha subrayado la titular de Vivienda, está condicionada porque "es importante construir más, pero no de cualquier manera". El 40% de la inversión debe destinarse a ampliar la oferta del parque público, ya sea a través de la construcción o de la adquisición de nuevas viviendas para conformar ese parque de vivienda pública a precios asequibles. La rehabilitación supondrá el 30% de los fondos, y el mismo porcentaje se dedicará a las ayudas para las personas que lo precisen. "Las comunidades autónomas tienen en sus estatutos encomendada la política exclusiva en materia de vivienda, nosotros lo que hacemos es inspirarla, dirigirla, potenciarla, en definitiva, dar la respuesta que precisa nuestro país", ha indicado Rodríguez. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/César P. Sendra Entre las novedades del plan, la ministra de Vivienda ha remarcado la garantía del blindaje del parque público que se construya o adquiera con estos recursos de la Administración General del Estado. "La sociedad española no está dispuesta a que, de nuevo, con el dinero de todos se enriquezcan unos pocos, y otros se queden sin casas", ha sostenido. Además, con el fin de extremar los controles, el plan incorpora una "cláusula antifraude" para asegurar que las viviendas de protección oficial beneficien a las personas que las necesitan. El plan blinda tanto los controles de los registros de demandantes de viviendas como la transparencia en la adjudicación de las mismas. El plan también establece que las administraciones tendrán que compartir los datos en materia de vivienda e informar de ellos a la ciudadanía y los medios de comunicación. Además, el Consejo Asesor de Vivienda analizará de manera anual el cumplimiento efectivo del plan, lo que, a juicio de la ministra, facilitará que llegue a los lugares y los colectivos que más lo necesitan, "y no a lo que resulte más fácil desde el punto de la vista de la gestión o de la inquietud ideológica de cada uno de los gobiernos autonómicos". Isabel Rodríguez ha detallado que el plan incrementa de manera notable las ayudas para promover la construcción del parque público de vivienda, incorporando elementos como las técnicas de industrialización y la atención de las zonas tensionadas. También crecen las ayudas para la rehabilitación, un ámbito al que se incorpora la conservación del valor patrimonial de viviendas que, de otro modo, terminarían siendo abandonadas. La ministra ha destacado las ayudas dirigidas a los jóvenes, de hasta 300 euros en el caso del alquiler y de hasta 15.000 euros para los jóvenes que construyan o adquieran su primera vivienda en una zona rural con un máximo de 20.000 habitantes. Respecto al calendario del plan, Isabel Rodríguez ha explicado que la próxima semana comenzarán las reuniones técnicas para su implementación en el territorio. El Gobierno ha articulado la disposición presupuestaria para que el plan pueda estar desplegándose en el segundo semestre de este año, con la asunción por parte de la Administración General del Estado de todo el esfuerzo en esta anualidad para facilitar su puesta en marcha. "El Gobierno de España cumplen con este plan, y yo espero también el compromiso y la lealtad del resto de las administraciones", ha concluido.