Hacienda reparte casi 200.000 millones a autonomías y ayuntamientos y da vía libre para gastar los ahorros municipales en vivienda

Gracias al real decreto ley, las comunidades autónomas podrán recibir este año 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta (los pagos que el Estado realiza como un adelanto a partir de lo que estima que se va a recaudar). Esta cantidad supone un aumento del 7% respecto al año anterior. Si se suman los fondos procedentes de la liquidación de 2024 (el saldo entre la recaudación estimada y la real), las comunidades autónomas recibirán este año, vía modelo de financiación, 170.300 millones de euros, un 7,7% más. El titular de Hacienda ha afirmado que es "la cifra más alta de la historia" y que, si se compara con los datos del año 2018, la subida es del 64%. Arcadi España ha sostenido que el incremento se debe a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno y que se reflejan también en la reducción del déficit, el récord de afiliados y la bajada del desempleo. "Mayores ingresos públicos, mayores ingresos para la Administración General del Estado, pero también para las comunidades autónomas", ha manifestado. El ministro se ha preguntado por qué muchos ciudadanos no ven reflejado ese aumento de la financiación en la calidad de los servicios públicos, por ejemplo, en la sanidad o la educación. "Siempre se habla solo de ingresos, pero es un momento bueno para reflexionar sobre la gestión de esos recursos por parte de las administraciones públicas, en este caso, las que ostentan las grandes competencias del estado del bienestar, como son las comunidades autónomas", ha señalado. El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el 2 de junio de 2026. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa En cuanto a las entidades locales, las entregas a cuenta también alcanzarán en 2026 un nivel histórico: 29.247 millones de euros, un 8,8% más que el año anterior. El aumento de recursos respecto a 2018 es en este caso del 67,5%. El segundo pilar del real decreto ley es la posibilidad de que los ayuntamientos con superávit presupuestario en 2025 destinen parte de esos recursos a determinadas inversiones sin que computen a efectos de la regla de gasto (el límite legal para el aumento del gasto de un año a otro). Esas inversiones incluyen ámbitos como el alcantarillado, la industria, la energía, el comercio, la protección civil y las infraestructuras, entre otros. La medida puede beneficiar a más de 2.540 entidades locales, que podrían movilizar un volumen de recursos de 3.168 millones de euros para ese tipo de actuaciones financieramente sostenibles. Como gran novedad, Arcadi España ha señalado que el texto habilita un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan destinar a políticas de vivienda el superávit de 2025 y también el de los cuatro años siguientes. No será necesaria, por tanto, una habilitación legal nueva cada año. El objetivo, según ha explicado el ministro, es garantizar la estabilidad y la proyección a largo plazo de las políticas de vivienda, "reforzando las medidas que impulsa el Gobierno de España y la financiación que va a distribuir a las comunidades autónomas". También el resto de inversiones financieramente sostenibles podrán tener carácter plurianual, es decir, el remanente de 2025 podrá emplearse en proyectos cuya ejecución se alargue hasta 2030.