Prohibido clonar tu voz o usar tus fotos de redes sociales con Inteligencia Artificial sin tu permiso

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo Entre las principales novedades, Bolaños ha destacado que compartir una fotografía o un vídeo en redes sociales "no significa que renuncies a esa imagen", por lo que nadie podrá reutilizar esos contenidos para fines distintos de aquellos para los que fueron publicados sin el consentimiento de su titular, salvo en los supuestos amparados por la libertad de información relativos a hechos de relevancia pública. Además, la ley fija en 16 años la edad mínima para prestar consentimiento sobre el uso de la propia imagen y refuerza las garantías procesales de los menores, estableciendo la intervención del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos judiciales que les afecten. La futura norma dedica un capítulo específico a la inteligencia artificial y a otras tecnologías capaces de generar o recrear imágenes y voces con un elevado grado de realismo. En este sentido, considera una intromisión ilegítima la utilización de la imagen o la voz de una persona con fines publicitarios o comerciales sin su autorización, una práctica que, según ha explicado el ministro, ya comienza a producirse mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial. No obstante, la regulación preserva la libertad de expresión y la libertad creativa, permitiendo estos usos cuando se desarrollen en contextos satíricos, artísticos o de ficción y no induzcan a engaño. Asimismo, la ley incorpora la figura del denominado "testamento digital", de forma que cualquier persona podrá dejar constancia de la prohibición de utilizar su imagen o su voz con fines comerciales tras su fallecimiento o designar a una persona para gestionar estos derechos en el futuro. La norma adapta también el régimen jurídico a la reforma de la legislación civil sobre discapacidad, reconociendo plenamente la capacidad de las personas con discapacidad para prestar consentimiento y previendo, cuando sea necesario, los apoyos adecuados para el ejercicio efectivo de sus derechos. Según Bolaños, el objetivo es avanzar hacia un modelo que combine "la autonomía y la protección" de este colectivo.