904 millones de euros a las autonomías para intentar desatascar las listas de espera de la dependencia

El Consejo de Ministros ha aprobado una partida de 904 millones de euros para su distribución entre las comunidades autónomas en concepto del nivel acordado para la financiación de la dependencia. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha resaltado que esa financiación está supeditada al cumplimiento de determinados criterios, como la reducción de las listas de espera o la mejora de las condiciones laborales en el sector. Además, incorpora una cláusula por la cual, si una comunidad autónoma reduce su financiación de la dependencia, también recibe menos recursos de la Administración General del Estado. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/César P Sendra Si la partida aprobada se suma a los fondos que implica el decreto ley de financiación extraordinaria, pendiente de convalidación en el Congreso de los Diputados, se alcanza la cifra histórica de 5.513 millones de euros este año y de 7.239 millones el próximo. Bustinduy ha reiterado el llamamiento a todos los grupos políticos para que apoyen esa convalidación, así como las nuevas leyes de dependencia y discapacidad, de forma que se alcance el mismo consenso que posibilitó la reforma del artículo 49 de la Constitución, la adopción de la Ley ELA o la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados. El ministro ha defendido que esas leyes, que también se votan en el Congreso esta tarde, suponen "la refundación del sistema de cuidados", un cambio que ha comparado con la construcción de los sistemas públicos de pensiones, sanidad o educación. La meta es transitar de un sistema de la dependencia marcado por la precariedad, la infrafinanciación y las grandes residencias a un modelo de derechos de la ciudadanía que permita generar los soportes necesarios para que las personas puedan envejecer en sus domicilios en condiciones de autonomía y con el mayor bienestar posible. Pablo Bustinduy ha destacado, además, que esas leyes blindan la financiación al recoger la obligación de que la Administración General del Estado aporte el 50% de los recursos.