Castigo total a la violencia vicaria: los maltratadores perderán la patria potestad y las visitas a sus hijos

El proyecto modifica un total de diez normas, incluyendo la Ley Integral contra la Violencia de Género, con el fin de ofrecer una protección global a las víctimas. El texto define la violencia vicaria como aquella que se ejerce contra la mujer por su pareja o expareja a través de una persona interpuesta. Redondo ha subrayado la ampliación del elenco de personas que pueden ser sujeto directo de esa violencia: hijos e hijas, otros descendientes sin consideración de edad, los mayores de edad que estén sometidos a la guardia o custodia de esa pareja o esa mujer, las madres y los padres, los hermanos y las hermanas y la actual pareja de la víctima. Desde el punto de vista penal, el proyecto modifica el Código Penal para señalar que la agravante de cometer el delito por razones de género concurrirá en los supuestos de violencia vicaria. Además, se incorpora una pena accesoria para prohibir aquellas publicaciones o difusiones de actuaciones directamente relacionadas con los actos ilícitos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/César P. Sendra En cuanto al Código Civil, la norma pretende acompasar la jurisdicción civil con la penal. Con este objetivo, se incorpora la privación automática de la patria potestad en aquellos supuestos en los que haya recaído una sentencia condenatoria firme por delitos graves cometidos contra la madre o los hijos. "La premisa es clara: un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre", ha manifestado la titular de Igualdad. Únicamente se podrá recuperar la patria potestad cuando se produzca una cancelación completa de los antecedentes penales. En cuanto a la guardia y custodia y al régimen de visitas, la futura ley también incorpora limitaciones muy importantes, ya que se suspenden cuando haya en curso un procedimiento por violencia de género o por violencia vicaria, o cuando haya indicios racionales de que se está produciendo esa violencia en el seno de esa familia. Además, se impone la obligación de escuchar a los menores; solo cuando sea inviable o no convenga al interés del menor, se llevará a cabo a través de representantes legales o personas allegadas o con formación especializada. El texto recoge, asimismo, medidas de concienciación; formación para jueces, fiscales y magistrados, tanto en el acceso a la carrera judicial como en los posibles ascensos; la posibilidad de cambiar los apellidos de las víctimas, y la garantía de que el agresor no pueda beneficiarse de una prestación social que provenga precisamente de la víctima.