Criptomonedas prohibidas para partidos y más control: el plan del Gobierno contra la corrupción
El Consejo de Ministros envía al Congreso la nueva Ley de Integridad Pública, que promete vetar donaciones con criptoactivos y crear una agencia independiente anticorrupción.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
El Gobierno ha dado luz verde para enviar al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. En la práctica, es un paquete de reformas legales para perseguir el fraude político y empresarial: prohíbe que los partidos cobren donaciones en criptomonedas, les obliga a pasar auditorías externas, protege a quienes denuncien corruptelas, endurece los vetos para contratar con la Administración y crea la Agencia Independiente de Integridad Pública para investigar y sancionar irregularidades.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio. No obstante, la futura puesta en marcha de la nueva Agencia Independiente de Integridad Pública requerirá en su momento partidas de gasto público para personal e instalaciones que aún no han sido cuantificadas en este acuerdo.
¿Quién sale ganando con esto?
Salen ganando los denunciantes de corrupción e informantes (que tendrán mayor protección jurídica frente a represalias) y los ciudadanos que exigen limpieza en las cuentas públicas. Por contra, pierden las empresas corruptas (que no podrán optar a contratos públicos) y los partidos políticos o intermediarios que pretendieran usar métodos opacos como las criptomonedas para financiarse bajo cuerda.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
¡Ojo aquí! Esto es todavía un proyecto de ley, no una ley en vigor. No hay ninguna garantía de que se apruebe tal como está: necesita la mayoría del Congreso de los Diputados para salir adelante y el Gobierno depende de negociar cada voto con sus socios parlamentarios. Además, la eficacia real de la futura Agencia de Integridad dependerá por completo de que tenga independencia real del poder político y presupuesto suficiente para investigar a fondo.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Por ahora nada: aún no se puede aplicar ni está vigente. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales, donde se debatirán posibles enmiendas. Solo entrará en vigor una vez que sea votada, aprobada por mayoría absoluta en el Congreso y publicada formalmente en el Boletín Oficial del Estado.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
Titular oficial:
Ley Orgánica de Integridad Pública
Redacción burocrática original: