201 millones de euros para levantar 2.500 pisos de alquiler asequible de la mano de promotores privados

La titular de Vivienda y Agenda Urbana ha explicado que el instrumento para ampliar el parque público de vivienda asequible es la entidad pública CASA 47. Hasta ahora, se ha utilizado para recuperar patrimonio del Estado y destinarlo a vivienda asequible, para licitar la construcción directa de viviendas y para lanzar una oferta de compra pública de casas ya existentes. Las nuevas ayudas constituyen el cuarto eje de la estrategia: la colaboración público-privada. Isabel Rodríguez ha asegurado que los 201 millones de euros permitirán construir 2.500 viviendas asequibles que van a contar siempre con las mismas condiciones que si se hubieran licitado directamente por CASA 47: contratos de 14 años prorrogables cada 7 años hasta alcanzar una duración de 75 y un máximo del 30% de los ingresos de la unidad de convivencia para el pago del alquiler. "Es decir, se garantizan las condiciones públicas de estas viviendas a lo largo de toda su vida", ha indicado Rodríguez. La ministra ha subrayado, igualmente, que los suelos que se licitarán ya están urbanizados, lo que agilizará la construcción. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explica los acuerdos adoptados por su ministerio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Sandra Armada Otra clave del modelo es que el contrato de licitación lleva incorporada una ayuda directa para garantizar la asequibilidad. De este modo, el precio final del alquiler no depende de lo que cuesta construir la vivienda o del margen de beneficio del promotor, sino que se garantiza que siempre estará por debajo del 30% de los ingresos. La ministra ha apuntado que las viviendas que requieran más de un 60% de subvención para tener un precio asequible no se licitarán a través de esta colaboración público-privada, sino directamente por CASA 47. Además de la ayuda directa, las licitaciones contarán con financiación pública para que sean inversiones seguras, según ha remarcado Rodríguez. "En definitiva, de lo que se trata con esta fórmula de concesión administrativa en la licitación es de contar con el sector privado, pero no a cualquier precio, sobre todo no dejándole las llaves de la gestión y las condiciones de estas viviendas, sino dando esa garantía pública", ha manifestado la ministra.