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El Gobierno reitera su posición diplomática sobre el conflicto en Oriente Medio y confirma el regreso al trabajo del titular de Política Territorial tras su baja médica.
El Gobierno prepara por vía de urgencia una norma que obligará a infraestructuras estratégicas a tener planes de contingencia ante catástrofes o ataques.
El Gobierno hace balance del nuevo sistema por ingresos reales: 1,6 millones de trabajadores por cuenta propia han visto modificada su cuota anual, con casi el doble de perjudicados que de beneficiados con devoluciones.
El Gobierno adelanta el reparto de los fondos del IRPF solidario para que ONG y autonomías financien proyectos sociales con más margen.
El Consejo de Ministros reparte fondos autonómicos para cuidar a menores de 16 años y programas de refuerzo en lectura y matemáticas.
El Consejo de Ministros aprueba las garantías institucionales y de seguridad para que el Metropolitano acoja la gran cita del fútbol europeo.
El Estado financiará el 75% del plan para facilitar el cuidado de menores de 16 años, pero exige a las comunidades autónomas aportar el 25% restante para que los fondos se activen.
El Ministerio fija las reglas para repartir el presupuesto y avisa: si una comunidad no cofinancia o deja los fondos sin usar, se le recortarán en los siguientes ejercicios.
El Consejo de Ministros transfiere fondos autonómicos para reforzar matemáticas, comprensión lectora y apoyar a alumnos con necesidades especiales.
El Gobierno eleva la ayuda a 12.000 euros al año para 1.300 opositores a los altos cuerpos de la Justicia durante un máximo de cuatro años.
El Consejo de Ministros pone en marcha una reforma histórica en la Justicia para cambiar la forma de opositar y traspasar la instrucción penal a los fiscales.
El Consejo de Ministros aprueba un manifiesto político institucional para denunciar los discursos de odio y la discriminación laboral hacia el colectivo LGTBI+.
El Consejo de Ministros pone en marcha la reforma para retirar la investigación penal a los jueces y blindar al jefe de los fiscales frente a los cambios de Gobierno.
El Ejecutivo recurre al Tribunal Constitucional después de que Aragón se negara a entregar los datos de sus centros de acogida para el reparto estatal.
El Consejo de Ministros aprueba una ayuda de hasta 4 años para que graduados con menos recursos preparen judicatura y abre la puerta a abogados con experiencia.
Las autonomías recibirán los fondos estatales para financiar formación laboral durante 2025, con foco en inteligencia artificial y prevención de catástrofes.
El Consejo de Ministros envía al Congreso el recorte del tiempo de trabajo sin merma de sueldo y destina una partida millonaria a blindar redes y construir casas modulares.
La Moncloa presume de más de 21,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social, aunque todavía quedan más de 2,5 millones de personas sin empleo.
Se destinan 315 millones a rebajar el coste de las pólizas agrarias frente a temporales y 158 millones a repartir entre las comunidades autónomas para desarrollo rural.
El Gobierno desembolsa esta contribución voluntaria para alojar una división internacional que investigará normas sobre algoritmos durante dos años.