Volver a PortadaReunión del Consejo: 01-03-2019
01-03-20192 min de lectura6 visitas

Contratos de alquiler de 5 años y veto vecinal a pisos turísticos: así cambia la ley de vivienda

El Gobierno aprueba por decreto blindar a los inquilinos frente a ventas de pisos y dar poder a las comunidades de vecinos para frenar apartamentos turísticos.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

Un paquete de cambios legales para el alquiler de vivienda. Lo más destacado es que los contratos obligatorios pasan de durar 3 a 5 años (dando más estabilidad a quien vive de alquiler), se protege al inquilino si el dueño vende el piso, se da potestad a las comunidades de vecinos para limitar pisos turísticos con el voto del 60% (tres quintos) de los propietarios, y se obliga a avisar a servicios sociales antes de ejecutar un desahucio.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.

¿Quién sale ganando con esto?

Principalmente los inquilinos, que ganan dos años más de tranquilidad sin subidas unilaterales de contrato y quedan protegidos si el casero vende el inmueble a un tercero o fondo de inversión. También salen ganando los vecinos que sufren molestias por pisos turísticos en sus edificios, ya que ahora podrán vetarlos o limitarlos más fácilmente en junta de propietarios.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo con dos detalles clave! Primero, el índice de precios de alquiler vinculado al IPC no entrará en vigor de inmediato, sino que el Gobierno se da un margen de ocho meses para diseñarlo. Segundo, al tratarse de un Real Decreto-ley, necesita ser convalidado por el Congreso de los Diputados; conviene recordar que el intento anterior ya fue tumbado en el Parlamento por falta de apoyos políticos. Además, los incentivos o recargos en el IBI dependerán de la voluntad de cada ayuntamiento.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se aplicará únicamente a los contratos de alquiler que se firmen a partir de esa fecha (no afecta con carácter retroactivo a los contratos ya en vigor). Para frenar pisos turísticos, los vecinos tendrán que convocar junta y votar por mayoría cualificada de tres quintos.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Real Decreto-ley de medidas urgentes sobre vivienda

Redacción burocrática original:

Pool Moncloa/JM CuadradoEl Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley sobre vivienda, con medidas dirigidas a incentivar la oferta de vivienda de alquiler, ofrecer mayor seguridad y certidumbre al inquilino y dar apoyo a los grupos más vulnerables. Carmen Calvo ha explicado que el texto recoge el contenido esencial del Real Decreto-ley aprobado el pasado mes de diciembre, que no fue convalidado en el Congreso, e incorpora novedades "que refuerzan una mirada social profunda sobre el derecho a la vivienda y sobre su uso social". Entre estas, se prevé la creación, en el plazo de ocho meses, de un índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda, que se vinculará a la subida del IPC, y se estipula que los contratos no inscritos en el Registro de la Propiedad tendrán efectos ante terceros, de forma que cuando haya una venta de un piso arrendado, el inquilino quede protegido. Por otra parte, algunas de las medidas que se mantienen son el aumento de 3 a 5 años del plazo legal mínimo en el que el inquilino podrá permanecer en la vivienda arrendada, la modificación de la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para favorecer el mercado de alquiler, y que una mayoría de tres quintos de los propietarios pueda limitar las viviendas de uso turístico en su comunidad. Respecto a los procedimientos de desahucio, Carmen Calvo ha hecho hincapié en que la norma sigue reflejando la preocupación del Gobierno por dar respuesta a los afectados. "Existirá la obligación de comunicar estas circunstancias a los servicios sociales, para que ninguna persona se vea en situaciones extremas de precariedad", ha afirmado.