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El Gobierno remite al Congreso su norma para contener los precios del alquiler y castigar las viviendas desocupadas, aunque su aplicación real dependerá de comunidades y ayuntamientos.

Las comunidades autónomas podrán usar los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar a los propietarios cuyos inquilinos vulnerables no puedan ser desalojados.