Prohibido desahuciar y cortar la luz, el agua o el gas a familias vulnerables hasta el 09-05-2021

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado que la nueva norma pretende, en el momento de excepcional dificultad que se está viviendo a causa de la pandemia, "preservar el derecho constitucional a la vivienda y proteger a las personas y familias más vulnerables, así como los derechos de los arrendadores". Ábalos ha explicado que la suspensión de desahucios y lanzamientos ya aprobada mediante el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se prolonga durante todo el estado de alarma actual, declarado hasta el 9 de mayo de 2021. Por otro lado, se amplían las situaciones de vulnerabilidad social y económica que pueden alegarse, extendiendo dichas situaciones a aquellas no necesariamente derivadas, de manera directa, de los efectos del COVID-19. Los servicios sociales competentes informarán de las situaciones concretas de vulnerabilidad y buscarán una alternativa habitacional. En el caso de que no se encuentre, en los tres meses siguientes a la emisión de dicho informe los propietarios de los inmuebles podrán solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado. Se dota de especial protección a aquellas personas que tengan acreditada su condición de vulnerabilidad por ser dependientes, tener a dependientes o menores a su cargo, o ser víctimas de violencia de género. Por ejemplo, en estos casos, cuando no se derive de contrato de arrendamiento su vivienda habitual, el juez podrá suspender el lanzamiento siempre y cuando los propietarios de los inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas. Otro requisito imprescindible para seguir este procedimiento, ha señalado el ministro, es que no haya mediado en la ocupación "violencia, intimidación o ejercicio de acción ilícita y que la vivienda afectada no constituya para nadie residencia habitual, segunda residencia o haya sido cedida a otras personas". La entrada en el inmueble se habría tenido que producir, además, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley. La portavoz del Gobierno ha añadido que, también mientras siga vigente el estado de alarma, se amplía la prohibición de los cortes de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a todas aquellas personas que se encuentran en alguna de las situaciones de vulnerabilidad que se regulan en la normativa, o en una situación equivalente que se pueda acreditar por los servicios sociales.