Volver a PortadaReunión del Consejo: 29-09-2026
29-09-2026•2 min de lectura•32 visitas

Giro radical al alquiler: prórroga antidesahucios hasta 31-12-2030, golpe fiscal a los pisos turísticos y contratos blindados

El Gobierno aprueba dos decretos para frenar desahucios, limitar el negocio de los fondos de inversión y rebajar impuestos a inquilinos que ganen menos de 33.000 euros.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno ha sacado adelante dos decretos ley para intentar atajar la crisis del alquiler. Entre los puntos clave: se alarga el freno a los desahucios de familias vulnerables hasta el 31-12-2030, se fija un IVA del 10% para los pisos turísticos, se persigue la trampa de los alquileres por habitaciones o de temporada, se plantea renovar automáticamente los contratos de alquiler y se crean rebajas fiscales para rentas de hasta 33.000 euros anuales.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio con ajustes de impuestos (como bajar el IVA al 4% para construir vivienda protegida o aplicar el 10% a alojamientos turísticos).

¿Quién sale ganando con esto?

En teoría ganan los inquilinos de alquiler habitual, los hogares en riesgo de exclusión y las rentas medias o bajas (hasta 33.000 euros) que podrán ahorrarse hasta una mensualidad en deducciones. Pierden terreno los fondos buitre, las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis) y los propietarios de pisos turísticos sin licencia o alquileres de temporada fraudulentos.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! Por un lado, la financiación a interés cero para comprar primera vivienda no es una ayuda a fondo perdido: no te regalan nada, hay que devolver la hipoteca íntegra. Por otro lado, la persecución de pisos turísticos ilegales depende directamente de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos; si tu gobierno regional no pone inspectores ni clausura pisos, la medida se quedará en papel mojado. Además, al ser decretos ley, el Congreso de los Diputados todavía tiene que ratificarlos.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

La mayoría de las normas echan a andar en cuanto se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el escudo antidesahucios queda sellado hasta el 31-12-2030. Las deducciones en el IRPF se aplicarán en la correspondiente declaración de la Renta y los nuevos contratos de arrendamiento deberán adaptarse a la nueva regulación de prórrogas automáticas.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Escudo social frente a los desahucios y lucha contra la especulación y el fraude

Redacción burocrática original:

Un primer real decreto ley busca proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible. Se trata, según ha manifestado la ministra, de una "norma ambiciosa", impulsada por su departamento y con aportaciones de grupos políticos, organizaciones sociales y expertos, para encarar "grandes problemas que sufren millones de españoles". Isabel Rodríguez ha dividido las iniciativas contenidas en la norma en cuatro bloques. El primero se enfoca en evitar los desahucios: el texto amplía la vigencia del 'escudo social' hasta el 31 de diciembre del año 2030 y mejora todos los mecanismos de protección de las administraciones públicas para evitar casos como el de Maricarmen. El segundo bloque aborda las compras especulativas por parte de los conocidos como 'fondos buitre'. "No solamente ponemos nombres y apellidos a los especuladores, sino que además vamos a identificar a esas empresas para prohibirles que sigan mercadeando con un bien esencial, con un bien social como es la vivienda en nuestro país", ha asegurado Rodríguez. La norma también reordena la fiscalidad de las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) para que orienten su inversión a la vivienda asequible, "no al uso de la inversión en el ámbito de la especulación". Además, el decreto ley combate el fraude en el alquiler de temporada y en el de habitaciones y establece un IVA del 10% para los pisos turísticos. La ministra ha recordado que una parte del fraude se encuentra en la existencia de pisos turísticos ilegales, "que deben estar siendo clausurados en este momento por las comunidades autónomas". Reducir el esfuerzo económico de las familias para acceder a la vivienda es el objetivo del tercer bloque del decreto ley. La titular de Vivienda ha señalado que, en ocasiones, los hogares destinan más de la mitad de sus salarios a este fin. Entre las medidas incluidas en este apartado figuran las bonificaciones fiscales para rentas de hasta 33.000 euros, graduadas según los ingresos, lo que supondrá para algunas familias el ahorro de una mensualidad de las rentas de alquiler; incentivos fiscales para particulares que "no se suman al carro de la especulación", y un nuevo mecanismo de financiación para el acceso a la primera vivienda con un tipo de interés cero. El cuarto bloque se dirige a la "herramienta más útil" para paliar esta crisis, según la ministra de Vivienda: "Más vivienda y más vivienda pública". El decreto ley consolida la protección del parque público de vivienda, activa diversas palancas de la Administración General del Estado que estaban pendientes para nutrir ese parque a través de la entidad estatal Casa 47 y rebaja al 4% el IVA para las viviendas de promoción pública y la vivienda protegida. El segundo real decreto ley de vivienda aprobado hoy recoge medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. La titular de Vivienda y Agenda Urbana ha recordado que los contratos de Casa 47 tienen 75 años de vigencia: "Queremos conseguir dar esa estabilidad también al mercado del alquiler para que vivir de alquiler no sea vivir de segunda, no sea vivir en vilo, para que vivir de alquiler también sea vivir tranquilo". La norma plantea la renovación automática de los contratos de alquiler, con salvaguardas por distintas circunstancias, lo que se inspira en las normativas de otros países europeos.