Luz verde a la Ley de Vivienda: topes al alquiler, freno a desahucios y recargo del 150% de IBI a pisos vacíos

Belarra ha recordado que la crisis financiera de 2008 provocó miles de desahucios, que las cláusulas abusivas de las hipotecas endeudaron a muchas familias y que la burbuja posterior en el mercado del alquiler ha provocado que los precios de los arrendamientos hayan subido hasta un 50% entre 2015 y 2020. Esta situación, ha señalado, ha beneficiado a fondos de inversión y grandes propietarios mientras que ha comprometido la economía de una gran mayoría de las familias, que tienen que destinar buena parte de sus ingresos al alquiler o a las hipotecas. "Por eso era hora de reequilibrar esa balanza, y por eso esta ley protege a los inquilinos, que son la parte más débil de la ecuación, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y al mismo tiempo exige la necesaria corresponsabilidad a los grandes propietarios en la garantía del derecho a la vivienda", ha afirmado. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha expresado el "respeto absoluto" del Ejecutivo al informe preceptivo y no vinculante emitido el viernes pasado por el Consejo General Judicial, sobre el que ha hecho algunas consideraciones. El Gobierno entiende que el ámbito del informe debe circunscribirse a los tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se ven modificados a través de la nueva ley de vivienda. El Ejecutivo, ha añadido Raquel Sánchez, mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en la materia en aras a conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para proporcionar casas dignas y asequibles a los colectivos económicos más vulnerables no invade ninguna competencia autonómica. Además, el proyecto de ley reconoce la capacidad y ofrece instrumentos a las administraciones territoriales competentes para que aprueben y complementen las medidas que estimen necesarias para hacer efectivo el derecho básico a la vivienda. Ambas ministras han apelado a la responsabilidad de los distintos partidos políticos para que se apruebe esta iniciativa legal, que no va en contra de nadie y favorece al interés general. Además, las dos han agradecido el trabajo realizado por el conjunto de los ministerios que han participado en la elaboración de la norma. Raquel Sánchez ha insistido en que es una ley histórica como las leyes de matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia o la dependencia. Ione Belarra ha reconocido "el trabajo generoso, el empuje y compromiso" del movimiento social por la vivienda digna en defensa de un derecho de todos, como es el derecho constitucional a la vivienda. La ley mejorará la regulación de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad. Raquel Sánchez ha destacado que, a partir de ahora, los servicios sociales se coordinarán de manera más eficaz con los jueces para poder ofrecer soluciones habitacionales a los afectados. Belarra ha incidido en que la ley garantizará que la alternativa habitacional que se busque para estas familias sea una vivienda como tal, y no un albergue, como ahora mismo está sucediendo en algunas comunidades autónomas. Raquel Sánchez ha explicado que las Administraciones competentes podrán declarar por tiempo limitado zonas de mercado residencial tensionado y establecer medidas para impedir incrementos abusivos de la renta y conseguir una bajada de precios, ya sea reduciendo el coste del alquiler o aumentando la oferta. En estas zonas, Ione Belarra ha añadido que los incentivos fiscales previstos están diseñados para que sea más provechoso para los propietarios bajar los precios del alquiler. Respecto a las viviendas vacías, la ley contempla que los ayuntamientos puedan hacer un recargo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que las grava. Belarra ha señalado que el Gobierno considera "poco ético" que haya viviendas vacías cuando tantas personas necesitan una, por lo que es necesario conseguir que entren en el mercado de alquiler o venta.