Volver a PortadaReunión del Consejo: 04-02-2020
04-02-20202 min de lectura6 visitas

El Gobierno promete frenar la venta a pérdidas en el campo y subir ayudas a seguros tras las protestas agrarias

Agricultura anuncia una reforma legal para evitar que agricultores y ganaderos cobren por debajo de lo que les cuesta producir y promete más presupuesto para seguros agrarios.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

No se trata de un decreto cerrado con dinero inmediato sobre la mesa, sino de una hoja de ruta tras la primera reunión de la Mesa de Diálogo Agrario con ASAJA, COAG y UPA. El Ejecutivo se compromete a cambiar la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir la venta a pérdidas (que los intermediarios compren cosechas a precios ruinosos), obligar a que los contratos cubran los costes reales de producción, publicar la lista de empresas sancionadas y aumentar el apoyo a los seguros frente al mal tiempo.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio y una declaración de intenciones. Aunque el Ministerio promete incrementar la partida para seguros agrarios en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en este acuerdo no se aprueba ningún desembolso directo de las arcas públicas.

¿Quién sale ganando con esto?

Si las medidas llegan a plasmarse en el BOE y se hacen cumplir, los beneficiarios directos serán los cerca de 800.000 productores agrícolas y ganaderos de España (en torno al 4% del empleo del país), especialmente las explotaciones familiares y la clase media rural, que afrontan costes disparados y márgenes comerciales asfixiantes impuestos por la gran distribución.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! Por ahora son solo compromisos políticos tras las tractoradas y manifestaciones del campo. Prohibir la venta a pérdidas sobre el papel no garantiza que desaparezca si no se refuerzan las inspecciones sobre las grandes distribuidoras. Además, las promesas de más dinero para seguros agrarios dependen totalmente de que se aprueben futuros presupuestos, y las ayudas de la PAC están pendientes de la dura negociación presupuestaria en Europa.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se puede solicitar ninguna ayuda ni las normas están vigentes. El Gobierno tendrá que redactar la modificación de la ley y llevarla a las Cortes. En el plano europeo, la fecha clave fijada en el calendario es la cumbre del 20-02-2020, donde se empezará a definir el reparto de los fondos comunitarios.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Primeras medidas de la Mesa de Diálogo Agrario

Redacción burocrática original:

El Consejo de Ministros ha analizado el informe sobre la recientemente creada Mesa de diálogo agrario entre Gobierno y organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG y UPA), que ayer celebró su primera reunión. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que la iniciativa responde a la necesidad de tomar medidas de forma coordinada que aseguren el futuro de la agricultura y ganadería españolas ante problemas como la volatilidad de los precios y la reducción de los márgenes comerciales, y ha anunciado que el diálogo se extenderá también al resto de actores del sector agroalimentario, como la industria, las empresas de distribución y los consumidores, "que tienen la decisión final de compra". Este foro ha definido varias áreas de actuación para abordar entre el Gobierno y el sector primario, entre ellas los seguros agrarios. El ministro ha señalado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020 incrementará la dotación de fondos públicos para facilitar la contratación de esta herramienta clave en casos de pérdida de producción por las adversidades climáticas. La segunda medida planteada es la modificación de la ley de cadena agroalimentaria, que data del año 2013, para que contemple una relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas, la regulación contra la destrucción de valor de los productos agrarios a lo largo de la cadena (venta a pérdidas), la obligatoriedad de la inclusión del coste de producción como factor de referencia para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios, y la publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en los contratos con agricultores y ganaderos. Planas ha anunciado también la elaboración, por parte del Observatorio de la Cadena Alimentaria de un informe pormenorizado sobre la situación del sector del aceite de oliva y de las frutas, y la reunión, la próxima semana, de la Mesa del aceite de oliva para examinar medidas de promoción de cara a la ampliación de ventas a terceros países. Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaPor otro lado, el ministro ha explicado que ha comenzado un proceso de diálogo, "que no se había llevado a cabo hasta ahora", con las grandes empresas de distribución en España, un elemento fundamental dentro de la cadena desde los productores hasta los consumidores, tanto desde el punto de vista económico como de reputación. Otro de los objetivos marcados es realizar una mejor estructuración vertical y horizontal de la oferta de productos agroalimentarios a través de las interprofesiones, que permiten unir a productores, organizaciones agrarias, e industria, en la estructuración de un sector productivo concreto. El ministro también tiene previsto reunirse próximamente con el sector de frutas y hortalizas para analizar qué actuaciones son necesarias, en particular, sobre temas de competencia con países terceros. Luis Planas ha afirmado que "sin agricultores y sin ganaderos, sin medio rural no tendríamos la España que tenemos" y que es necesario "que tengan un futuro". El ministro ha reconocido que las reivindicaciones del sector, que ha estado convocando manifestaciones desde la semana pasada, son "justas" y le ha mostrado todo su "apoyo, respeto y comprensión" en nombre del Gobierno. Según los datos aportados por el ministro, actualmente existen en nuestro país cerca de 800.000 productores agrícolas y ganaderos, que constituyen el 4% de la población ocupada. España es el cuarto país por producción agroalimentaria de la Unión Europea y el octavo exportador mundial de productos agroalimentarios, generando más de 100.000 millones de euros anuales. Sin embargo, ha continuado Planas, la realidad es compleja, ya que coexisten desde grandes productores, con alto nivel de productividad y explotaciones modernas, con pequeños agricultores cuyo medio de vida no depende exclusivamente de la agricultura, y con lo que ha definido como "la inmensa clase media de la agricultura y la ganadería española, que es la que está pasando un mal momento y a la que tenemos que apoyar". El ministro ha definido el Consejo Europeo del próximo 20 de febrero como decisivo para conocer el presupuesto comunitario y el destinado a la Política Agrícola Común (PAC): "Su dotación es para España una línea roja". Planas ha defendido que la aplicación que se haga de la PAC debe beneficiar a la agricultura familiar y profesional y a la clase media del medio rural, que es la clave del sector agroalimentario español. Planas ha afirmado que "quien obtiene del mercado los rendimientos suficientes y los beneficios no necesitan el apoyo de la PAC porque esa no es la razón de ser de la misma".