Volver a PortadaReunión del Consejo: 07-07-2020
07-07-20202 min de lectura10 visitas

Adiós a la incapacitación judicial: las personas con discapacidad decidirán por sí mismas sin que un tutor elija por ellas

El Gobierno envía a las Cortes una reforma civil histórica para suprimir la tutela en adultos y sustituirla por apoyos que respeten su propia voluntad.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

Un cambio a fondo en el Código Civil para que las personas adultas con discapacidad dejen de ser tratadas legalmente como niños. Se elimina la figura de la tutela (que anulaba la capacidad de la persona y ponía a otro a decidir absolutamente todo en su lugar) y se sustituye por un sistema de apoyos a medida. Además, cualquier ciudadano podrá dejar dicho por escrito con antelación quién y cómo quiere que le asista si en el futuro pierde facultades.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.

¿Quién sale ganando con esto?

Las personas con discapacidad y sus familias. Ganan en autonomía, dignidad y derechos básicos, ya que la ley garantizará que puedan firmar contratos, gestionar su patrimonio o tomar decisiones médicas con la ayuda necesaria, en vez de quedar anuladas jurídicamente de un plumazo.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

El gran reto no es de dinero directo, sino de saturación judicial: cambiar todas las tutelas actuales y revisar caso por caso la situación de miles de personas exigirá que jueces, fiscales y forenses dediquen mucho tiempo a escuchar a cada afectado. Si los juzgados no reciben medios ni formación para tramitar estos apoyos personalizados, la reforma corre el riesgo de atascarse en la burocracia judicial.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se puede solicitar ni está en vigor. El Gobierno acaba de enviar el Proyecto de Ley a las Cortes Generales, por lo que todavía debe debatirse, votarse en el Congreso y el Senado, y finalmente publicarse en el BOE para ser una realidad en los tribunales y notarías.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Reforma procesal y civil en materia de discapacidad

Redacción burocrática original:

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley que reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones de forma más autónoma y con menos tutelaje que en la actualidad. Juan Carlos Campo ha explicado que se regula la situación de la tutela, que queda solo para los menores, porque las personas con algún tipo de discapacidad lo único que necesitarán será un apoyo. En este sentido, ha dicho, se tendrá en cuenta lo que exteriorizan y lo podrán hacer con carácter previo a entrar en la situación de discapacidad, con lo cual se da validez a sus mandatos: "Es una especie de testamento que permita decir qué ocurre si yo llego a esta situación, cómo se va a marcar el apoyo. La figura básica ya no es la tutela, que desaparece con esta finalidad, sino la curatela". El ministro ha destacado que la futura ley está "absolutamente consensuada", por lo que confía en que su tramitación parlamentaria sea rápida.