El Gobierno prorroga el freno a los desahucios, permite juntas de vecinos por videollamada y pasa la patata caliente de las restricciones a los jueces

Las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda se mantendrán hasta esa misma fecha, entre ellas la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, o la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables económicamente y socialmente de su vivienda habitual. La consideración como servicios esenciales de los servicios públicos para víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres se prolonga otros tres meses, y se faculta a las comunidades y ciudades autónomas a que destinen los fondos que les corresponden del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a sus propios programas al respecto. Las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal no tendrán obligación de ser convocadas antes del 31 de diciembre de 2021, aunque se establece y regula la posibilidad de celebrarlas con carácter no presencial cumpliendo con determinados requisitos. Otras medidas en el ámbito sanitario son las relativas al control en los puertos y aeropuertos de los pasajeros que llegan a España, para detectar de manera rápida la presencia de casos importados de COVID-19, y la prórroga de la posibilidad de contar con profesionales sanitarios jubilados durante la pandemia, garantizando la compatibilidad de sus pensiones. Carmen Calvo ha asegurado que, tras finalizar el periodo excepcional que supone el estado de alarma, el marco legislativo sanitario sigue permitiendo a las comunidades autónomas dar respuesta a la pandemia y tomar decisiones de protección, incluso aquellas que afectan a los derechos fundamentales y libertades públicas, con la autorización o ratificación judicial correspondiente de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional. Respecto a estas decisiones judiciales, con el objetivo de que se aplique de forma uniforme la legislación en todo el territorio nacional, el Real Decreto-ley aprobado hoy introduce, como novedad, la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para que establezca jurisprudencia. El procedimiento será ágil, sencillo y preferente. La vicepresidenta ha agradecido a jueces y tribunales "su contribución, en la parte que les corresponde, para proteger la sanidad de nuestros compatriotas".